La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) se encuentra en el centro de una controversia tras la presentación de un proyecto de ley que busca derogar la Ley 25.849, la cual regula su funcionamiento. La iniciativa, impulsada por el diputado nacional Damián Arabia (PRO), argumenta que los aportes obligatorios que deben realizar las bodegas representan una carga innecesaria para el sector y no han cumplido con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI).

Bodegas de Argentina, una de las principales cámaras del sector, respaldó la propuesta legislativa y denunció falta de transparencia en el manejo de los fondos por parte de COVIAR. Según la entidad, entre 2004 y 2020, la corporación administró un presupuesto de U$S 230 millones sin alcanzar las metas proyectadas, como exportaciones por U$S 2.000 millones y una participación del 10% en el mercado mundial. En cambio, las exportaciones se quedaron en U$S 791 millones y la participación fue del 3,7%.

En respuesta, Mario González, presidente de COVIAR, desmintió las acusaciones y defendió la gestión de la entidad. "Las metas eran aspiracionales y muchos objetivos no se cumplieron debido a los vaivenes de la economía nacional", afirmó. González también destacó logros como el reconocimiento internacional del vino argentino y el desarrollo de pequeños productores a través de programas como el Proviar, financiado por organismos internacionales.

El debate ha generado divisiones en el sector vitivinícola. Mientras algunas cámaras y cooperativas defienden la continuidad de COVIAR, argumentando que es una herramienta clave para la industria, otras critican la obligatoriedad de los aportes y cuestionan su efectividad. En San Juan, por ejemplo, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, señaló que existen "luces y sombras" en el funcionamiento de la corporación y que la decisión final debe surgir del consenso entre los actores privados.

La polémica también tiene un trasfondo político. La propuesta de Arabia se enmarca en una agenda de desregulación promovida por el gobierno de Javier Milei, que busca reducir costos y eliminar intervenciones estatales en sectores productivos. Sin embargo, el proyecto ha sido cuestionado por su impacto potencial en una economía regional que genera 385.000 empleos directos e indirectos.

El futuro de COVIAR y del PEVI dependerá de las decisiones que tome el Congreso en los próximos meses, así como del consenso que puedan alcanzar los actores del sector vitivinícola. Mientras tanto, la discusión sigue abierta y promete nuevos capítulos en una de las industrias más emblemáticas de Argentina.