El Gobierno nacional avanzó con la implementación del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, una iniciativa que busca facilitar la declaración de impuestos para personas humanas y sucesiones indivisas, al tiempo que incentiva la repatriación y formalización de ahorros no declarados. La propuesta, presentada por la administración de Javier Milei, ya cuenta con la adhesión de 14 provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), tras la firma de convenios de intercambio de información fiscal.

El régimen, impulsado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), permite a los contribuyentes optar por una declaración jurada simplificada, elaborada por el propio organismo. Al aceptar y abonar el saldo propuesto, los contribuyentes quedan liberados de obligaciones fiscales para ese período, salvo que se detecten omisiones o irregularidades significativas. "Este sistema representa una oportunidad histórica para regularizar activos sin costo y sin tope, siempre que los fondos sean utilizados para adquirir bienes registrables o financiar consumos dentro del país", explicó Diego Fraga, abogado tributarista.

El régimen excluye a los monotributistas, quienes deberán renunciar a su régimen y migrar al sistema general para acceder a los beneficios, lo que implica mayores costos y trámites. "Es salir del paraíso fiscal para pasar al infierno fiscal", resumió Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, al advertir sobre la carga tributaria y administrativa adicional.

La medida ha generado debate entre los gobernadores, quienes discuten la pérdida de herramientas de control tributario y la concentración de información en el ámbito nacional. Según Página/12, la reforma limita la capacidad de fiscalización provincial y beneficia principalmente a quienes poseen grandes sumas de dinero no declaradas. Por su parte, el Gobierno sostiene que la iniciativa garantiza mayor transparencia y libertad en el uso del dinero, bajo el principio de presunción de inocencia.

El contexto de la reforma está marcado por recomendaciones del FMI para armonizar los regímenes tributarios y la necesidad de fortalecer los ingresos provinciales. Mientras tanto, especialistas y funcionarios coinciden en que la decisión de migrar al nuevo régimen debe evaluarse caso por caso, considerando tanto los beneficios de la formalización como los costos futuros.