Una auxiliar de limpieza de 42 años, empleada en un jardín de infantes de La Plata, fue excarcelada tras ser acusada de estafar a una compañera de trabajo con discapacidad psíquica por un monto cercano a los 2 millones de pesos. La decisión fue tomada por la jueza de Garantías N° 5, Marcela Garmendia, quien consideró la situación de vulnerabilidad de la imputada y la ausencia de riesgos procesales como factores determinantes para conceder la libertad bajo caución juratoria.

Según la investigación, la acusada accedió a los datos de la tarjeta bancaria de la víctima, con quien compartía el espacio donde ambas guardaban sus pertenencias en el establecimiento educativo. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, realizó compras reiteradas de mercadería, ropa, calzado, pasajes a la Costa Atlántica y el pago de servicios, generando un saldo negativo significativo en la cuenta de la víctima. El caso fue detectado cuando la damnificada notó movimientos inusuales y denunció la situación ante la Dirección de Investigaciones Cibercrimen, lo que derivó en un allanamiento y el secuestro de bienes presuntamente adquiridos con los fondos sustraídos.

Durante la audiencia, la imputada reconoció los hechos, manifestó arrepentimiento y explicó que atraviesa una situación económica crítica, agravada por el incumplimiento de la cuota alimentaria de su expareja y la falta de una red familiar de contención. La jueza Garmendia dispuso que la mujer deberá iniciar tratamiento psicológico y psiquiátrico, presentar constancias mensuales de asistencia y someterse a un informe ambiental en su domicilio.

La causa, caratulada como "defraudaciones informáticas reiteradas", sigue en curso bajo la órbita de la UFI N° 16 de La Plata. Si la víctima desconoce los consumos ante la entidad bancaria, el seguro podría cubrir el monto sustraído, lo que mitigaría el impacto económico. La defensa de la acusada, a cargo del abogado Miguel Molina, subrayó la voluntad de la imputada de reparar el daño y su disposición a afrontar las consecuencias legales. Mientras tanto, la víctima continúa en su puesto de trabajo y espera la restitución de los fondos, en tanto la Justicia avanza con el análisis de los dispositivos electrónicos incautados y la evaluación de las condiciones impuestas para la excarcelación.