En los últimos días, se han reportado casos alarmantes de menores de edad que fueron añadidos sin su consentimiento a grupos de WhatsApp donde se compartía contenido explícito y perturbador, incluyendo imágenes de abuso sexual infantil. Este incidente ha generado preocupación en las comunidades de Río Gallegos y San Nicolás, movilizando a padres, instituciones educativas y autoridades judiciales.

En Río Gallegos, el grupo denominado "Unan a cualquier persona" contaba con más de 500 integrantes, en su mayoría menores de edad. Según los primeros reportes, el grupo fue creado tras hackear el celular de un menor, quien comenzó a agregar contactos. Las imágenes compartidas incluían escenas de abuso sexual infantil y violencia extrema. Padres de alumnos de varias instituciones educativas, como el Colegio Fátima y el Colegio Salesiano, denunciaron el caso y revisaron los dispositivos de sus hijos para prevenir mayores daños.

En San Nicolás, un grupo similar llamado "Random" también generó alarma. La justicia local, a través de la UFI 15 y la Secretaría Especializada en Cibercrimen, realizó allanamientos en varias viviendas. Durante los operativos, se incautó el celular de un menor identificado como el creador del grupo. Aunque no se encontraron evidencias de distribución de material ilegal en su dispositivo, las investigaciones continúan para identificar a los responsables de la difusión del contenido.

Las instituciones educativas han reaccionado rápidamente, implementando medidas preventivas como talleres y jornadas de convivencia para abordar la problemática. En San Nicolás, las autoridades educativas han diseñado dispositivos pedagógicos para trabajar desde la prevención y la información, mientras que en Río Gallegos se ha instado a las familias a configurar la privacidad de WhatsApp para evitar que los menores sean añadidos a grupos sin su consentimiento.

El grooming, delito tipificado en Argentina bajo la Ley 26.904, sanciona a adultos que contactan menores con fines de abuso sexual. Este caso subraya la importancia de educar a menores y familias sobre los riesgos en entornos digitales y la necesidad de colaboración entre familias, escuelas y autoridades para garantizar la seguridad de los menores.

Las autoridades judiciales y educativas continúan trabajando para prevenir y sancionar estos delitos, mientras que las familias han reforzado las medidas de control y supervisión sobre el uso de dispositivos electrónicos por parte de los menores. Este incidente pone de manifiesto la urgencia de una mayor concienciación y acción conjunta para proteger a los niños en el ámbito digital.