El conflicto entre la provincia de Córdoba y el gobierno nacional por una deuda previsional ha alcanzado un punto crítico con la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Este miércoles, se llevó a cabo una audiencia de conciliación en el Palacio de Tribunales de Buenos Aires, donde ambas partes expusieron sus posiciones en un intento por resolver una disputa que podría sentar precedentes para otras provincias.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, lideró la delegación provincial, acompañado por altos funcionarios como el ministro de Economía, Guillermo Acosta, y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba. Por parte del gobierno nacional, participaron representantes de la ANSES y del Ministerio de Economía. La reunión fue dirigida por Alejandro Rodríguez, secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema.

El reclamo de Córdoba asciende a $300.000 millones, una cifra que podría alcanzar un billón de pesos si se incluyen intereses. Según Llaryora, la provincia no ha recibido transferencias de fondos desde que Javier Milei asumió la presidencia, lo que calificó como una violación de leyes y acuerdos. "Nunca nos pasó lo que nos está pasando ahora. Hoy nos están mandando cero pesos", declaró el gobernador.

El conflicto tiene raíces históricas. En 2012, el entonces gobernador José Manuel de la Sota presentó una demanda similar contra el gobierno nacional, y en 2023, Juan Schiaretti amplió el reclamo. Sin embargo, la situación se ha agravado en los últimos años, con la suspensión total de transferencias bajo la actual administración.

Una posible solución podría incluir la compensación de la deuda mediante bienes nacionales, como terrenos o infraestructura. Esta opción se enmarca en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, establecido por decreto en 2024. Entre los bienes que podrían ser transferidos se encuentran terrenos del Ejército y la Central Nuclear de Embalse.

Osvaldo Giordano, exministro de Finanzas de Córdoba, calificó el reclamo como "legal y legítimo", y advirtió que el gobierno nacional podría intentar dilatar el proceso. Por su parte, la Corte Suprema ha convocado a una nueva audiencia en 15 días para analizar propuestas concretas.

El caso no solo afecta a Córdoba, sino que podría tener implicaciones significativas para otras provincias con cajas previsionales no transferidas. La resolución de este conflicto será clave para definir el futuro de las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias.