El debate sobre el financiamiento de las universidades públicas en Argentina ha vuelto al Congreso, con la presentación de un proyecto de ley que busca garantizar recursos para el sistema universitario sin comprometer el equilibrio fiscal. La iniciativa, elaborada por rectores, gremios y estudiantes, propone incrementar progresivamente el presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031 y crear un fondo especial de $10.000 millones para carreras estratégicas y áreas de vacancia.

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, calificó la propuesta como "responsable y razonable", destacando que busca resolver de manera estructural los problemas del sistema universitario. Oscar Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, advirtió sobre la gravedad de la crisis, señalando que más del 70% de los trabajadores universitarios perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza.

El proyecto también contempla la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de becas estudiantiles y la reactivación de la inversión en infraestructura. Según los impulsores, la falta de financiamiento afecta la calidad educativa y genera renuncias de docentes e investigadores, poniendo en riesgo el futuro del sistema universitario.

La iniciativa cuenta con el respaldo de diversos bloques legislativos y organizaciones universitarias, pero enfrenta la oposición del gobierno de Javier Milei, que ya vetó un proyecto similar en 2024. Desde el oficialismo, se anticipa un nuevo veto, argumentando que la propuesta compromete las cuentas públicas.

En este contexto, sectores universitarios y legislativos buscan consenso para aprobar la ley, mientras estudiantes y gremios preparan movilizaciones para visibilizar la problemática. La discusión promete ser intensa, con implicaciones que van más allá del ámbito educativo, reflejando tensiones entre el modelo económico del gobierno y las demandas sociales.

El debate en las comisiones de Educación y Presupuesto está previsto para junio, y se espera que el proyecto llegue al recinto en la semana del 19 de junio. La comunidad universitaria confía en que esta vez se logre una solución estructural que garantice el financiamiento y el desarrollo del sistema universitario público en Argentina.