La fábrica de golosinas Marengo, ubicada en Rafaela, Santa Fe, suspendió a 60 trabajadores sin goce de sueldo entre el 14 y el 27 de julio, en medio de una crisis que combina la caída del consumo y pérdidas de mercadería tras un temporal. La medida, comunicada por el área legal de la empresa, se ampara en la figura de "fuerza mayor y falta de trabajo no imputable al empleador", y fue notificada a los empleados por WhatsApp, lo que generó fuertes críticas del sindicato de la alimentación.

El sindicato calificó la decisión como "arbitraria e injustificada" y denunció la falta de notificación formal al gremio. "Fue una decisión arbitraria y sin sustento", remarcaron representantes sindicales, quienes también señalaron incumplimientos previos de la empresa, como pagos desdoblados, reducción de jornadas y recortes salariales. La tensión derivó en la convocatoria a una audiencia en el Ministerio de Trabajo, prevista para el martes siguiente al inicio de la suspensión, donde se buscará revisar la legalidad de la medida y proteger los derechos de los empleados afectados.

Marengo, que a principios de año ganó notoriedad nacional por lanzar los caramelos “No hay plata” inspirados en la frase del presidente Javier Milei, enfrenta una situación económico-financiera adversa. La empresa informó que está reuniendo documentación para iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo, mecanismo que podría anticipar suspensiones más prolongadas o despidos con reducción de costos.

El contexto general del sector pyme alimenticio es complejo. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas cayeron 0,5% interanual en junio y 6,7% respecto a mayo, mientras que el repunte del primer semestre no logró compensar la fuerte baja del año anterior. El caso Marengo se convirtió en símbolo de la tensión entre estrategias de marketing y la dura realidad económica que atraviesan muchas empresas argentinas.

El sindicato insiste en la necesidad de diálogo formal y en la protección de los derechos laborales, mientras la empresa argumenta que la crisis excede su control. La audiencia en el Ministerio de Trabajo será clave para definir el futuro de los trabajadores y de la propia compañía.