El Ministerio de Economía de la Nación resolvió prorrogar por 180 días hábiles las designaciones transitorias de funcionarios en la Dirección Nacional de Cadena de Valor e Infraestructura Minera, dependiente de la Subsecretaría de Política Minera. La decisión, formalizada mediante la Resolución 1970/2025 y publicada en el Boletín Oficial el 11 de diciembre, busca garantizar la continuidad operativa en áreas estratégicas del sector minero argentino.

Entre los funcionarios alcanzados por la medida se encuentran Jennifer María Vivar, quien continuará como Directora de Cadena de Valor Minera, y Emiliano Javier Granados, como Director de Logística y Servicios Compartidos. Ambos cargos son considerados clave para la gestión y desarrollo de la infraestructura minera nacional.

La resolución, firmada por el ministro Luis Caputo, establece que la prórroga comenzó a regir el 14 de noviembre de 2025 y se extenderá por 180 días hábiles. Además, autoriza el pago del Suplemento por Función Ejecutiva del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) a los funcionarios involucrados. "Las prórrogas dispuestas en esta medida se efectúan en los mismos términos en los que fueran realizadas las respectivas designaciones transitorias", señala el texto oficial.

La medida exceptúa a estas designaciones de las restricciones establecidas en el artículo 1° del decreto 1148/2024, conforme lo dispuesto en el inciso c del artículo 2° de ese decreto. El gasto que demande el cumplimiento de la resolución será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Economía.

Esta decisión se enmarca en la necesidad de asegurar la continuidad administrativa y operativa en un sector considerado estratégico para la economía argentina. En los últimos meses, la minería ha sido foco de inversiones y exportaciones, consolidándose como uno de los motores de desarrollo regional y nacional. No se registraron declaraciones públicas de los funcionarios involucrados ni de representantes del sector, aunque la medida es interpretada como una acción administrativa para mantener la estabilidad en la gestión minera. Se espera que, con esta prórroga, se garantice la continuidad de proyectos y políticas en curso, en un contexto de creciente atención sobre la industria minera y su impacto económico.