La filtración de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, ha desatado una crisis interna en el Gobierno argentino. Los breves registros, presuntamente grabados en la Casa Rosada, han generado alarma entre los funcionarios, quienes temen la existencia de más material comprometedor y la posibilidad de espionaje ilegal en el corazón del poder.

El episodio se suma a las denuncias de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde el ex titular Diego Spagnuolo acusó a funcionarios cercanos a Milei de liderar un sistema de coimas en la compra de medicamentos. La Justicia investiga el vínculo entre la droguería Suizo Argentina y miembros del entorno presidencial, mientras el Gobierno intenta contener el daño político y mediático.

En respuesta a la filtración, la Casa Rosada evalúa realizar una denuncia penal, enmarcando el hecho como parte de una "gran operación opositora" y de espionaje ilegal, especialmente relevante en la previa de las elecciones bonaerenses. "Esto es grave porque tiene que ver con la seguridad nacional", afirmó un colaborador cercano a Karina Milei, subrayando la preocupación por la vulnerabilidad institucional.

Las reuniones de urgencia y las medidas de seguridad, como la prohibición de ingresar celulares a los encuentros de gabinete, reflejan el clima de desconfianza y paranoia que atraviesa al oficialismo. Las divisiones internas se profundizan, con sectores que exigen explicaciones convincentes y otros que minimizan el impacto, atribuyendo el caso a maniobras políticas de la oposición.

El Gobierno, que ya enfrentaba tensiones por denuncias previas de espionaje y corrupción, se encuentra ahora en una encrucijada: reforzar la seguridad y cerrar filas, o responder a las crecientes demandas de transparencia y rendición de cuentas. El desenlace de la crisis podría tener implicancias significativas en el escenario político y electoral, en un contexto de alta polarización y desconfianza institucional.