Sindicatos y organizaciones sociales protagonizaron el 11 de febrero de 2026 una jornada de protestas en Neuquén, Río Negro y otras ciudades argentinas, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Las movilizaciones, encabezadas por la CGT y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), coincidieron con el debate legislativo en el Senado y contaron con una masiva participación de trabajadores y referentes gremiales.

En Neuquén capital, la concentración comenzó a las 13 en el monumento a San Martín y recorrió 12 cuadras hasta la Casa de Gobierno, mientras que en Roca la marcha se extendió por seis cuadras del centro. Bariloche y Viedma también fueron escenario de importantes movilizaciones. En Buenos Aires, la protesta central frente al Congreso Nacional estuvo marcada por incidentes aislados, con vallados derribados, lanzamiento de bombas molotov, heridos y detenidos, lo que motivó la activación del protocolo antipiquetes y un fuerte despliegue de seguridad.

El paro nacional convocado por ATE registró una adhesión del 92%, según su secretario general Rodolfo Aguiar, quien calificó la reforma como "la mayor ofensiva que haya existido en democracia contra los trabajadores". Aguiar también denunció presiones del Ejecutivo sobre los gobernadores y el Senado, y advirtió que la reforma representa una "sentencia de muerte para las provincias".

El paquete legislativo debatido en el Senado incluye 28 medidas, entre ellas la creación de un "banco de horas" para compensar horas extra, la actualización de créditos laborales, la reducción de la litigiosidad y la introducción de un "salario dinámico". Además, se proponen restricciones a las asambleas y huelgas, y cambios en la organización sindical, lo que ha generado un fuerte rechazo de los gremios.

Mientras el Gobierno defiende la reforma como una herramienta para modernizar el sistema laboral y fomentar el empleo formal, los sindicatos sostienen que implica un retroceso histórico en derechos laborales y desprotección para los trabajadores. El diálogo entre el Ejecutivo y los gremios permanece estancado, y la tensión crece en el Congreso ante la inminente votación de la reforma.