El Gobierno argentino logró desactivar un paro de controladores aéreos que amenazaba con interrumpir vuelos nacionales e internacionales durante varios días. La medida fue tomada tras dictar la conciliación obligatoria, garantizando así el normal funcionamiento de los aeropuertos del país.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) había anunciado una serie de paros escalonados entre el 24 y el 31 de mayo, en reclamo de un aumento salarial. Según el gremio, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) ofreció un 0% de incremento, a pesar de que los trabajadores llevan más de ocho meses sin actualizaciones salariales. Además, denunciaron despidos ilegales y el vaciamiento de áreas clave dentro de la empresa.

El conflicto se enmarca en un contexto de alta inflación en el país, que supera el 100% interanual, y en un endurecimiento de las condiciones para ejercer el derecho a huelga en sectores esenciales como el transporte, la educación y la salud. La reciente reglamentación del derecho a huelga por parte del Gobierno obliga a los sindicatos a garantizar un servicio mínimo, lo que ha generado críticas desde diversos sectores gremiales.

"Nos ofrecieron un 0% de aumento y quieren cerrar la paritaria 2024/25", declaró Paola Barritta, líder de ATEPSA. El gremio también advirtió sobre la falta de respuestas por parte de las autoridades y la amenaza de cierre del centro de formación profesional.

Por su parte, la Empresa Argentina de Navegación Aérea aseguró que, gracias a la conciliación obligatoria, las operaciones aéreas se desarrollarán con normalidad en todos los aeropuertos del país. "Queda garantizado el normal funcionamiento del servicio esencial de navegación aérea", afirmó en un comunicado.

Sin embargo, el conflicto no está resuelto. Desde ATEPSA señalaron que la conciliación obligatoria es solo una medida temporal y que el malestar entre los trabajadores persiste. "No hay reconocimiento ni voluntad de resolver nada. Solo se apela a la conciliación como herramienta disciplinadora", remarcaron.

Mientras tanto, la CGT anunció que llevará el caso a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y buscará medidas legales para frenar la aplicación de las nuevas normativas sobre el derecho a huelga. "Este Gobierno le teme al diálogo y parece que no tiene herramientas legales para justificar sus objetivos pro-patronales", expresó Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT.

Aunque los vuelos continuarán con normalidad, el conflicto laboral sigue latente y podría reactivarse si no se llega a un acuerdo en las próximas semanas.