El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha implementado una controvertida modificación a la Ley de Financiamiento Educativo mediante el Decreto 341/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial. La medida elimina la participación de la Secretaría de Educación en las negociaciones salariales docentes, dejando esta responsabilidad en manos del Consejo Federal de Educación y las provincias.

Según el Ejecutivo, la decisión busca fortalecer el federalismo y optimizar el uso de los recursos públicos. "En el marco de las políticas de desregulación impulsadas por el Estado nacional, resulta esencial revisar la necesidad de determinadas funciones, garantizando una asignación de recursos más racional y efectiva", señala el decreto. Sin embargo, el Gobierno mantiene su poder de veto sobre los acuerdos salariales que excedan los límites presupuestarios establecidos.

La Ley 26.075, sancionada en 2005, había establecido un esquema tripartito de negociación que incluía al Gobierno nacional, las provincias y los gremios docentes. Este modelo garantizaba un piso salarial común para los docentes de todo el país. Con la nueva normativa, se elimina esta pauta salarial nacional, dejando a las provincias la responsabilidad de negociar directamente con los gremios.

La reacción de los sindicatos no se hizo esperar. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) calificó la medida como un "grave retroceso en derechos laborales" y anunció que recurrirá a instancias judiciales para revertirla. "Sin salario digno no hay educación de calidad. Sin paritaria nacional no hay federalismo", expresó la organización en un comunicado.

Por su parte, expertos en educación advierten que la medida podría aumentar las desigualdades entre provincias, ya que no todas cuentan con los mismos recursos para garantizar condiciones laborales equitativas. "Esta decisión fragmenta aún más el sistema educativo y consagra la desigualdad", señaló un analista.

El contexto de esta decisión incluye un ajuste fiscal promovido por la administración de Milei y tensiones con las provincias por los recursos coparticipables. Además, se enmarca en una política más amplia de desregulación y reducción del rol del Estado en áreas clave como la educación.

Mientras tanto, el debate público sobre el rol del Estado en la educación y los derechos laborales de los docentes sigue creciendo. Los próximos días serán clave para determinar el impacto de esta medida y las posibles acciones legales y sindicales que se emprendan en su contra.