El gobierno de Javier Milei ha implementado el Decreto 340/2025, una medida que redefine el derecho a huelga y amplía las actividades consideradas esenciales. Publicado en el Boletín Oficial, el decreto establece que servicios esenciales como la navegación marítima y fluvial deberán garantizar un funcionamiento mínimo de entre el 50% y el 75% durante conflictos laborales. Esta normativa también flexibiliza las regulaciones para la Marina Mercante Nacional, permitiendo que buques extranjeros operen bajo bandera argentina y eliminando restricciones sindicales.

El decreto ha generado un intenso debate. Por un lado, el gobierno argumenta que estas reformas son necesarias para modernizar el sector marítimo, reducir costos operativos y fomentar la competitividad. "La reforma busca bajar el costo argentino", afirmó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien destacó que la medida es parte de una serie de transformaciones estructurales en el sistema de transporte.

Por otro lado, sectores laborales y políticos han expresado su rechazo. Abogados laboralistas y sindicatos calificaron la medida como una "prohibición encubierta" del derecho a huelga. "El derecho de huelga está bajo amenaza", señaló Luis Campos, abogado laboralista y director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. La diputada Vanina Biasi, por su parte, llamó a un paro general en respuesta al decreto.

El contexto de esta medida incluye una crisis en la Marina Mercante Nacional, caracterizada por altos costos operativos y regulaciones consideradas obsoletas. Según el gobierno, estas restricciones han afectado la competitividad del sector y han generado sobrecostos que impactan negativamente en la cadena logística y las economías regionales.

El decreto también introduce cambios significativos en la contratación de personal y la operación de buques. Se elimina el poder de veto de los sindicatos sobre la conformación de tripulaciones, y se permite que buques extranjeros se matriculen como argentinos bajo ciertas condiciones. Además, se amplía el plazo de permanencia de buques internacionales en operaciones de cabotaje de 30 a 60 días.

A pesar de las críticas, el gobierno defiende la medida como un paso necesario para reactivar la economía y modernizar el sector marítimo. Sin embargo, el impacto de estas reformas en los derechos laborales y la competitividad del sector sigue siendo objeto de intenso debate.