La Cámara de Apelaciones de Rosario confirmó este miércoles la absolución de Pablo Barra, quien había sido acusado en 2018 de abuso sexual simple contra su hija. El fallo, dictado por el juez Javier Beltramone, ratificó la decisión de primera instancia y puso fin a un proceso judicial que se extendió por casi ocho años, durante los cuales Barra estuvo desvinculado de su hija.

La resolución judicial cuestionó duramente la reapertura de la causa por parte de la Fiscalía, señalando la ausencia de pruebas nuevas y la falta de fundamentación suficiente para sostener la acusación. El juez Beltramone advirtió que la reiteración de este tipo de decisiones, sin soporte técnico-jurídico adecuado, afecta la seguridad jurídica y la credibilidad del sistema penal. Además, dispuso que las costas del proceso sean cargadas al Ministerio Público de la Acusación.

El caso de Barra se enmarca en una denuncia colectiva presentada por un grupo de padres contra tres psicólogas rosarinas, a quienes acusan de elaborar informes presuntamente falsos que habrían motivado denuncias infundadas de abuso. Según la denuncia, estos informes se habrían utilizado como base para restringir el contacto de los padres con sus hijos, sin que existieran pruebas concluyentes.

Por su parte, la defensa de las psicólogas negó cualquier irregularidad y cuestionó el impacto mediático del caso, señalando que hasta el momento no existen imputaciones formales en su contra. La abogada Gabriela Durruty, representante de dos de las profesionales, sostuvo que las decisiones en estos casos dependen de los jueces y no exclusivamente de los informes psicológicos.

Barra, tras conocer la resolución, expresó su deseo de que la Justicia permita la revinculación con su hija y reclamó mayor responsabilidad y capacitación para quienes intervienen en este tipo de procesos. El fallo ha reavivado el debate sobre la necesidad de decisiones judiciales basadas en pruebas sólidas y la importancia de proteger los derechos de los niños y las familias involucradas.

La investigación sobre la presunta elaboración de informes falsos por parte de las psicólogas continúa abierta, aunque hasta la fecha no se han producido imputaciones formales. El caso pone en evidencia la complejidad de los procesos judiciales en materia de abuso infantil y la necesidad de garantizar objetividad y rigor en la actuación de todos los actores involucrados.