La reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei ha desatado una de las disputas políticas más intensas en Argentina desde el inicio de su gestión. El proyecto, actualmente en debate en el Congreso, busca modificar el régimen laboral vigente, afectando tanto a nuevos como a actuales trabajadores, según especialistas consultados por diversos medios.

El texto enviado por el Ejecutivo incluye cambios significativos: reducción de indemnizaciones, flexibilización de jornadas laborales, debilitamiento de la negociación colectiva y priorización de acuerdos por empresa. Además, el financiamiento de las indemnizaciones pasará del sector privado al Estado, mediante la reducción de aportes jubilatorios, lo que implica una transferencia de ingresos del sector público al privado.

Mientras el gobierno sostiene que la reforma permitirá aumentar el empleo formal y modernizar el sistema, sindicatos y opositores advierten sobre la pérdida de derechos y mayor inestabilidad. "El proyecto de ley no dice ‘esta norma comenzará a regir solo para las nuevas relaciones laborales que se inicien luego de su puesta en vigencia, y quienes tienen relaciones laborales preexistentes mantendrán todos los derechos adquiridos’, podría decirlo pero no es así, y esto implica que efectivamente se aplicará para el futuro, pero también para las relaciones vigentes", explicó Matías Cremonte, abogado laboralista.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y el peronismo consideran la protección de los derechos laborales un pilar histórico y rechazan de plano la iniciativa. "Esta reforma fue escrita por estudios jurídicos para las grandes corporaciones que recopilaron los pedidos de sus clientes, produciendo un proyecto Frankenstein. Debilita de manera severa los derechos individuales y colectivos y no ofrece nada a los trabajadores a cambio", afirmó Jorge Solá, secretario adjunto de la CGT.

El proyecto habilita el "banco de horas" y flexibiliza la compensación de horas extras, afectando ingresos y organización familiar. También elimina la cláusula de descanso mínimo entre jornadas y extiende la jornada laboral hasta 12 horas. La CGT y el peronismo preparan acciones legales y movilizaciones en rechazo, mientras el gobierno argumenta que los derechos fundamentales no se ven afectados y que la reforma es necesaria para salir de la decadencia.

Empresarios apoyan la flexibilización, aunque muestran reticencia ante negociaciones individuales. Encuestas muestran apoyo a la necesidad de cambios, pero rechazo a medidas concretas como la extensión de la jornada y el recorte de indemnizaciones. El desenlace de esta pulseada será una prueba política clave para la gestión Milei, en medio de un escenario dominado por la puja entre el Ejecutivo, el peronismo y los sindicatos.