Un violento ataque se registró en la noche del martes en las instalaciones de TN y El Trece, ubicadas en el barrio porteño de Constitución, luego de que la Corte Suprema ratificara la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un grupo de aproximadamente 70 personas, identificadas en su mayoría como militantes de La Cámpora, irrumpió en el edificio, causando destrozos materiales en oficinas, puertas, vitrinas y vehículos estacionados en el predio.

Entre los agresores fue identificado José Lepere, ex funcionario de los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, y actual referente de La Cámpora en Almirante Brown. Lepere, quien también fue candidato y ocupó cargos legislativos, fue señalado por la Policía de la Ciudad a través de registros de cámaras de seguridad y publicaciones en redes sociales, donde había manifestado su apoyo a la ex mandataria horas antes del ataque. "Van a seguir viendo peronismo hasta el fin de sus vidas. Nos van a encontrar más organizados que nunca. Vamos a estar junto a Cristina siempre", publicó Lepere en sus redes.

La policía detuvo a Alberto Enrique Alejandro Grasso Rivaldi, de 34 años, empleado del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y militante de La Cámpora, quien fue aprehendido a pocas cuadras del canal tras ser identificado por su vestimenta y características físicas. Otros tres militantes, algunos con cargos públicos recientes, también fueron identificados como participantes del ataque, aunque hasta el momento no se han producido más detenciones.

Durante la cobertura de los hechos, el periodista Alan Ferraro, de El Trece, fue agredido por manifestantes en la puerta de la residencia de Cristina Kirchner, lo que obligó a suspender la transmisión en vivo para resguardar su seguridad.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) repudió enérgicamente el ataque y exigió una investigación urgente, así como sanciones para los responsables y mayor protección para los medios y trabajadores de prensa. El episodio se produce en un contexto de alta polarización política y social, y ha reavivado el debate sobre la seguridad de los medios y la libertad de prensa en Argentina.