Felipe Sosa, conocido como "el militar", fue imputado como único autor del femicidio de Érika Álvarez, ocurrido el pasado 7 de enero en Yerba Buena, Tucumán. Así lo determinó la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I tras una audiencia de reformulación de cargos, donde se presentaron nuevas pruebas que permitieron precisar la mecánica del hecho y el rol de cada involucrado.

Según la investigación, Érika Álvarez salió de su domicilio en San Miguel de Tucumán en la madrugada del 7 de enero y llegó a la vivienda de Sosa minutos después. Entre las 03:50 y las 07:00, Sosa habría perpetrado el ataque, valiéndose de una relación asimétrica de poder y la vulnerabilidad de la víctima. El informe forense detalla que la joven sufrió lesiones graves a nivel cráneo-facial, lo que le provocó la muerte casi inmediata.

Tras el crimen, la Fiscalía sostiene que se activó un operativo para borrar rastros y garantizar la impunidad de Sosa. Justina Gordillo, funcionaria judicial, está imputada por encubrimiento agravado, acusada de colaborar en la eliminación de evidencias y facilitar la fuga del principal sospechoso a Buenos Aires. Además, habría recibido beneficios económicos a cambio de su ayuda. Jorge Díaz y Nicolás Navarro también enfrentan cargos por encubrimiento, tras haber participado en la limpieza de la escena y ocultamiento de pruebas.

La Fiscalía descartó la intervención de otros autores materiales en el femicidio y avanza hacia la etapa de juicio con una acusación directa contra Sosa. El caso ha generado conmoción en Tucumán, tanto por la brutalidad del crimen como por la presunta red de complicidades que intentó encubrirlo. Organizaciones sociales y de derechos humanos siguen de cerca el proceso, que podría sentar precedentes en la lucha contra el femicidio y la impunidad en la provincia.

Mientras tanto, Sosa también enfrenta causas por drogas, lo que añade complejidad al caso. Se espera que el juicio aporte mayor claridad sobre los hechos y las responsabilidades de todos los involucrados.