El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó, en una ajustada votación, un proyecto de ley que habilita la reelección indefinida para legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares, pero excluye a los intendentes. La medida, impulsada por el senador kirchnerista Luis Vivona y respaldada por La Cámpora, fue definida por el voto de desempate de la vicegobernadora Verónica Magario, tras un empate 22 a 22 en el recinto.

La decisión generó un fuerte malestar entre los intendentes alineados con el gobernador Axel Kicillof, quienes reclamaban ser incluidos en la reforma. "Siempre estuve a favor de las reelecciones indefinidas para todos. El único límite debe ser el voto popular", expresó Mario Secco, intendente de Ensenada, reflejando el sentir de varios jefes comunales. Sin embargo, la iniciativa fue criticada por otros sectores del peronismo, como el Frente Renovador de Sergio Massa, y por la oposición, que considera que la medida atenta contra la alternancia democrática y favorece la perpetuidad en el poder.

El Gobierno nacional reaccionó con dureza. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, calificó la decisión como "aberrante" y un ejemplo de la "casta política" que busca perpetuarse. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la consideró "un paso atrás" y cuestionó la incongruencia de permitir la reelección indefinida a legisladores pero no a intendentes. La reforma también fue rechazada por bloques opositores como el PRO, la UCR y La Libertad Avanza, que anticiparon su voto negativo en la Cámara de Diputados.

El proyecto ahora debe ser tratado en Diputados antes del 19 de julio, fecha límite para la presentación de listas electorales. El trámite se anticipa complejo, ya que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios y enfrenta divisiones internas. La ley vigente, sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, limitaba a dos mandatos consecutivos a legisladores e intendentes, buscando evitar la perpetuidad en los cargos.

El debate sobre la reelección indefinida se da en un contexto de desconfianza hacia la clase política y en la antesala de las elecciones provinciales. La medida es vista como parte de la interna peronista y la disputa por el control de las listas, mientras la sociedad y el Gobierno nacional exigen mayor transparencia y alternancia en el poder. El futuro de la reforma dependerá de la votación en Diputados, donde el escenario es incierto y el tiempo apremia.