En medio de su gira oficial por Israel, el presidente Javier Milei se pronunció por primera vez sobre la condena definitiva de la Corte Suprema contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Milei destacó que su gobierno no interfiere con la Justicia y consideró que la sentencia es resultado de una independencia judicial inédita en la historia reciente del país. “Al ser el primer presidente que no interfiere con la Justicia, los resultados están a la vista y la Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer”, afirmó durante una clase magistral en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

El Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete Guillermo Francos, remarcó que los jueces de la Corte Suprema que fallaron en la causa no fueron designados por la actual administración y negó cualquier tipo de acuerdo o "pacto de impunidad" con el kirchnerismo. “No designamos ni un juez de paz, además se nos acusó de tener pacto de impunidad con el kirchnerismo, pero demostramos que no fue así”, sostuvo Francos en declaraciones radiales.

Por su parte, sectores del kirchnerismo y aliados políticos denunciaron una persecución judicial y advirtieron sobre el impacto institucional de la condena. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, calificó la situación como "un golpe a la democracia" y alertó sobre el riesgo de proscripción política. El senador Mariano Recalde, de La Cámpora, sostuvo que la decisión judicial unifica al peronismo y podría generar descontento social.

El fallo de la Corte Suprema, que confirma la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, se produce en un contexto de alta polarización política y negociaciones electorales de cara a los próximos comicios. Analistas coinciden en que la decisión redefine el escenario político y podría tener consecuencias tanto en la dinámica de poder como en la estrategia electoral de los principales espacios políticos.

Mientras tanto, el Gobierno busca dar vuelta la página y retomar la agenda de gestión, minimizando el impacto del fallo en la vida institucional y política del país. La reacción social fue más moderada de lo esperado, sin protestas masivas ni alteraciones significativas en la actividad cotidiana.