El Gobierno argentino decidió aceptar el Presupuesto 2026 tal como fue aprobado en la Cámara de Diputados, pese a la eliminación del capítulo XI, que proponía la derogación de leyes de financiamiento para discapacidad y universidades. Esta decisión representa un giro pragmático en la estrategia oficialista, que prioriza la aprobación del presupuesto antes de fin de año para evitar mayores riesgos políticos y económicos.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron que no vetarán la ley, aunque insisten en que no aplicarán las partidas correspondientes a las leyes vetadas previamente, como la de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, a menos que el Senado acepte una contrapropuesta con aumentos menores. El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la necesidad de contar con un presupuesto aprobado como señal de gobernabilidad, especialmente ante el inminente vencimiento de deuda por US$4.200 millones en enero.

El Senado dictaminó el Presupuesto sin modificaciones respecto al texto aprobado en Diputados, lo que autoriza al Poder Ejecutivo a contraer endeudamiento por $288,7 billones y mantiene transferencias a universidades por $4,785 billones. Sin embargo, el rechazo al capítulo XI dejó al descubierto tensiones internas en el oficialismo y fracturas en las alianzas con gobernadores y bloques aliados, como la UCR y el PRO. "La única forma de que salga hoy la ley de presupuesto va a ser como vino de Diputados", advirtió Eduardo Vischi, jefe de la bancada radical.

El oficialismo, liderado en el Senado por Patricia Bullrich, optó por no insistir con cambios para asegurar la sanción y evitar que el proyecto regrese a Diputados, donde el margen político es limitado. La presión de los gobernadores, que exigen previsibilidad en los recursos para sus provincias, también fue determinante en la decisión de aceptar el texto sin modificaciones.

El episodio evidenció la fragilidad de las alianzas parlamentarias del Gobierno y la necesidad de revisar la estrategia para avanzar con futuras reformas estructurales. Mientras tanto, sectores de la oposición buscan introducir cambios en el Senado y el PRO amenaza con judicializar designaciones en la Auditoría General de la Nación. El Gobierno, por su parte, apuesta a negociar reformas en 2026, aunque reconoce que el camino será complejo y dependerá de la recomposición de alianzas y consensos legislativos.