La Justicia argentina ha decidido intervenir la administración de la agroexportadora Vicentin, una de las empresas más importantes del sector, en un intento por evitar su quiebra y proteger los derechos de sus acreedores y trabajadores. La medida, ordenada por el juez Fabián Lorenzini, desplazó al actual directorio de la compañía por un período de 120 días y designó como interventores a Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, quienes hasta ahora se desempeñaban como veedores judiciales.

La decisión judicial se fundamenta en la grave crisis financiera y operativa que atraviesa la empresa. Según el fallo, Vicentin acumula una deuda posconcursal de más de $12.500 millones, mientras que su pasivo total supera los $30.000 millones. Además, las principales plantas industriales de la compañía se encuentran cerradas, sin contratos de producción ni mantenimiento adecuado, lo que ha generado riesgos de incendios y un deterioro significativo de las instalaciones.

El juez Lorenzini destacó en su resolución que la administración actual de Vicentin ha "naturalizado un escenario de parálisis societaria", sin tomar medidas concretas para revertir la situación. También ordenó a los proveedores esenciales, como los de electricidad y gas, que no interrumpan sus servicios a la empresa, y dispuso que aquellos que ya lo hayan hecho los restablezcan de inmediato.

En el plano judicial, la situación de Vicentin se complicó aún más con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que rechazó el recurso extraordinario presentado por la empresa para llevar su caso a la Corte Suprema nacional. Este revés judicial deja firme la anulación de la homologación del acuerdo preventivo con sus acreedores, lo que podría acelerar un proceso de quiebra técnica.

La crisis de Vicentin no es nueva. La empresa se declaró en "estrés financiero" en diciembre de 2019 y presentó su concurso de acreedores en marzo de 2020, con deudas que superan los U$D 1.500 millones. Desde entonces, ha enfrentado múltiples desafíos, incluyendo denuncias por administración fraudulenta y desvío de fondos, así como un intento fallido de expropiación por parte del gobierno en 2020.

A pesar de este panorama desalentador, existen propuestas de terceros, como la Unión Agrícola de Avellaneda, que buscan reactivar las plantas industriales de Vicentin mediante contratos de producción y nuevas inversiones. Sin embargo, la incertidumbre judicial y financiera sigue siendo un obstáculo significativo.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha adoptado una postura de no intervención en el proceso judicial, afirmando que "la única forma de garantizar una democracia sólida es respetar la ley y la división de poderes". Mientras tanto, los trabajadores de la empresa han retomado sus actividades tras alcanzar acuerdos salariales, aunque la continuidad operativa de Vicentin sigue siendo incierta.

La intervención judicial busca preservar la empresa como una unidad económica viable y evitar su liquidación, pero el futuro de Vicentin dependerá en gran medida de las decisiones que se tomen en los próximos meses, tanto en el ámbito judicial como en el operativo.