Un video difundido en redes sociales desató un escándalo en el Poder Judicial de Trelew, Chubut, al mostrar al abogado Martín Castro recibiendo $12 millones de la madre de una víctima, presuntamente para influir en la fiscal Julieta Gamarra y lograr un alivio en el pedido de pena. Ante la repercusión mediática, Castro rompió el silencio desde su estudio y negó rotundamente cualquier actividad ilícita, asegurando que la escena fue "maliciosamente armada" para perjudicar a funcionarios judiciales.

"A la fiscal Gamarra nunca le ofrecí ni me pidió ni le entregué dinero alguno ni en ésta ni en ninguna causa", afirmó Castro, quien defendió la actuación de la fiscal como "eficiente, correcta y siempre apegada a la ley". El abogado explicó que el dinero recibido corresponde a honorarios profesionales por su trabajo como defensor particular, y que todo fue debidamente justificado ante la Oficina Judicial. "No estaba actuando como funcionario público, sino fuera de mi horario de trabajo en la Fiscalía de Estado", aclaró.

Castro sostuvo que el video fue creado con la intención de generar un escándalo y perjudicar a la fiscal Gamarra, señalando a la familia de Pablo "El Chavo" Ferreyra como posible responsable, debido a su enemistad con la funcionaria. "La señora que está en ese video me dijo 'Gamarra a mí me las va a pagar'", relató el abogado, quien también denunció que el material fue utilizado por otros actores para montar un ataque de tintes políticos contra funcionarios de la Justicia.

En relación a Rodrigo Miquelarena, subsecretario de Seguridad, y Jorge Miquelarena, procurador general, ambos mencionados en el video, Castro aclaró que no tienen ninguna vinculación con la causa y lamentó las consecuencias que la situación les provocó. "Todos sabemos que es una operación creada para perjudicarlos y que me usaron como instrumento para llegar a eso", expresó, pidiendo disculpas públicas a los afectados.

Finalmente, Castro manifestó su deseo de que la Justicia aclare los hechos lo antes posible y lamentó el "linchamiento mediático" sufrido por los involucrados. El caso se enmarca en un contexto de alta tensión y denuncias de operaciones políticas en el ámbito judicial de Chubut, donde la fiscal Gamarra lleva adelante causas de gran repercusión pública.