El Gobierno argentino ha dado un paso decisivo en la transformación de la red vial nacional al adjudicar la concesión de 741 kilómetros de rutas estratégicas a empresas privadas, en el marco de la Red Federal de Concesiones (RFC). Esta medida, oficializada el 20 de noviembre de 2025, marca el inicio de un proceso que busca modernizar la infraestructura vial del país y eliminar los subsidios estatales que sostenían el sistema anterior.

La primera etapa de la RFC incluye tramos clave como las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, así como el puente Rosario-Victoria, que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Estos corredores son fundamentales para el comercio regional, facilitando la integración con Brasil y Uruguay y el acceso a puertos y polos productivos del Gran Rosario. La concesión fue otorgada a Autovía Construcciones y Servicios S.A. y a un consorcio integrado por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni.

El nuevo esquema de gestión elimina los subsidios estatales: los concesionarios deberán financiar la operación, el mantenimiento y las mejoras exclusivamente a través del cobro de peajes. Actualmente, el valor del peaje es de $2.000, pero se prevé que aumente a más de $3.500 por cabina una vez que se hayan realizado las mejoras necesarias en la infraestructura. "Hasta que las rutas no tengan transitabilidad óptima, cobrarán el peaje actual", señalaron fuentes oficiales.

Simultáneamente, el Gobierno lanzó la licitación para privatizar otros 1.800 kilómetros de rutas, incluyendo la 3, 5, 205, 226 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas. El plazo para presentar ofertas vence el 6 de febrero de 2026, y se espera que la primera privatización esté operativa a mediados de diciembre de 2025.

El plan oficial contempla el cierre de Corredores Viales, la empresa estatal que actualmente administra estos tramos, una vez que se complete la adjudicación de todos los caminos bajo su control. Según datos oficiales, la compañía cerró el primer semestre de 2025 con superávit financiero, aunque el Gobierno sostiene que el modelo de subsidios no ofrecía beneficios concretos para los usuarios.

La Red Federal de Concesiones prevé alcanzar más de 9.000 kilómetros de rutas privatizadas en etapas sucesivas, abarcando el 20% de la red vial nacional y el 80% del tránsito. El Ejecutivo destaca que la combinación de inversión privada, control estatal y eliminación de subsidios permitirá mejorar el mantenimiento, la seguridad y el desarrollo logístico, aunque persisten dudas entre usuarios y sindicatos sobre el impacto en los costos de transporte y la calidad del servicio.