La crisis sanitaria por la administración de fentanilo contaminado en hospitales argentinos ha dejado, hasta el momento, al menos 53 personas fallecidas y más de 90 afectadas, según datos oficiales y judiciales. El caso, considerado el más grave del año en el país, involucra a los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., cuyos productos fueron distribuidos en centros médicos de Buenos Aires, Rosario, San Nicolás, Ramallo, Neuquén y Santa Fe.

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó 22 allanamientos simultáneos en domicilios y empresas vinculadas a los laboratorios sospechados, en busca de pruebas sobre posibles fallas en la producción, control de calidad y trazabilidad de los medicamentos. La investigación también explora la hipótesis de destrucción deliberada de documentos y desvío ilegal de opioides, tras el hallazgo de oficinas revueltas y registros destrozados en la planta de San Isidro.

El Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por Mario Lugones, se presentó como querellante en la causa, reforzando la intervención estatal y el compromiso de esclarecer responsabilidades. "Es fundamental garantizar la protección de la salud pública y esclarecer responsabilidades en un hecho de alto impacto sanitario", afirmaron desde la cartera sanitaria.

Las ampollas de fentanilo contaminadas contenían bacterias peligrosas, como Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii, que provocaron infecciones graves y mortales en pacientes internados, principalmente en terapia intensiva. El Hospital Italiano de La Plata fue el primero en advertir la irregularidad, y la provincia de Santa Fe concentra la mayor cantidad de fallecidos.

Por su parte, directivos de HLB Pharma niegan responsabilidad y denuncian una campaña de desprestigio mediático, asegurando que los controles de ANMAT fueron estrictos y que las bacterias no pudieron originarse en el laboratorio. Sin embargo, la agencia reguladora prohibió la venta de todos los productos de la firma tras detectar incumplimientos en las buenas prácticas de manufactura.

Hasta el momento, no hay imputados ni detenidos, pero la Justicia continúa analizando la documentación secuestrada y las declaraciones testimoniales. El caso ha puesto en evidencia debilidades en los controles sanitarios y podría sentar precedentes históricos en la regulación de la industria farmacéutica argentina.