El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, revocó el acceso a la Casa Rosada y el Congreso a periodistas de varios medios críticos, generando una fuerte controversia sobre la libertad de prensa en el país. La medida, implementada el 6 de abril de 2026, afectó a profesionales de medios como Ámbito Financiero, C5N, Tiempo Argentino y otros, quienes denunciaron censura y ataques a la libertad de expresión.

La decisión se produjo tras la difusión de una investigación que vinculaba a ciertos medios con una supuesta red de propaganda rusa, acusada de financiar artículos para desestabilizar al gobierno. Sin embargo, la investigación fue cuestionada por la falta de pruebas concluyentes y la inclusión arbitraria de medios y periodistas. La embajada rusa negó rotundamente las acusaciones, calificándolas de infundadas.

Durante el fin de semana largo de Semana Santa, el presidente Milei intensificó su ofensiva contra la prensa, publicando decenas de mensajes en redes sociales en los que acusó a periodistas de actuar por intereses extranjeros y de ser "traidores a la patria". Esta escalada verbal fue acompañada por funcionarios y militantes oficialistas, generando un clima de hostilidad sin precedentes hacia el periodismo.

Sindicatos y organizaciones como SiPreBA y FOPEA repudiaron la medida y exigieron el restablecimiento del acceso de los periodistas a las instituciones estatales. "Exigimos que los profesionales de la información puedan trabajar con normalidad", expresó SiPreBA en un comunicado. Por su parte, el gobierno argumentó que la restricción es preventiva y que busca esclarecer los hechos antes de restituir las acreditaciones.

El episodio se da en un contexto de creciente polarización y deterioro de la reputación del periodismo en la sociedad argentina. Según análisis de redes sociales, el 92% de las menciones sobre la prensa en abril fueron negativas, reflejando una hostilidad estructural que se ha profundizado en los últimos años.

Expertos y periodistas advierten que la medida representa un grave retroceso para la democracia y la libertad de expresión. Además, señalan que la fragmentación y precarización del sector periodístico dificultan una respuesta colectiva ante los ataques del poder político. El debate público se centra ahora en la necesidad de defender la pluralidad informativa y garantizar el acceso a la información como derecho fundamental.