El pasado 4 de abril, Brisa Páez, una joven de 21 años que se desempeñaba como voluntaria en la Armada Argentina, sufrió graves lesiones durante un entrenamiento antidisturbios en la base de Vicente López. El incidente, que ha generado conmoción y un intenso debate, dejó a la joven en estado crítico y derivó en la detención de nueve integrantes de la fuerza, incluidos instructores y superiores.

Según los testimonios recopilados, Páez fue golpeada con tal fuerza durante el ejercicio que cayó de espaldas, golpeando su cabeza contra el suelo. A pesar de manifestar desorientación y dolor de cabeza, el entrenamiento continuó sin que se le brindara atención médica inmediata. Solo al finalizar la actividad fue trasladada al Hospital Militar Central, donde los médicos detectaron un daño axonal difuso, una lesión cerebral grave que requirió inducirla a un coma farmacológico.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, está a cargo de la investigación y ha ordenado allanamientos, detenciones y la recolección de pruebas, incluyendo videos y testimonios. Entre las hipótesis que se manejan, se investiga si Páez fue víctima de un trato más agresivo debido a una posible relación personal previa con uno de los instructores.

El caso ha reabierto el debate sobre la legalidad y necesidad de este tipo de entrenamientos en las fuerzas armadas. Especialistas como Sabina Frederic, exministra de Seguridad, han señalado que estos ejercicios no están contemplados en las normativas vigentes. "Es ilegal que la Armada realice entrenamientos antidisturbios", afirmó Frederic. Otros expertos han advertido sobre los riesgos de involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, un tema históricamente sensible en Argentina.

La Armada, por su parte, ha iniciado una investigación interna, aunque hasta el momento no ha emitido declaraciones oficiales. La familia de Páez exige justicia y denuncia la falta de preparación de la joven para este tipo de ejercicios. Mientras tanto, la joven continúa en terapia intensiva, aunque su estado ha mostrado signos de mejoría en las últimas horas.

El caso de Brisa Páez no solo pone en evidencia fallas en los protocolos de instrucción militar, sino que también plantea interrogantes sobre el rol de las fuerzas armadas en la seguridad interior y la necesidad de garantizar derechos y seguridad a sus integrantes. La investigación judicial será clave para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.