El gobierno argentino, liderado por La Libertad Avanza, anunció la eliminación de subsidios energéticos para más de 15,500 usuarios de alto poder adquisitivo en Puerto Madero y barrios cerrados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, esta medida busca reducir el gasto fiscal y promover un esquema tarifario más equitativo.

Adorni explicó que los usuarios afectados representan el 0.1% del total de beneficiarios de subsidios energéticos y que sus consumos mensuales triplican el promedio nacional de 250 kWh. "La energía cuesta y quien pueda pagarla debe hacerlo", afirmó el vocero, quien también destacó que la medida permitirá un ahorro anual de $3,000 millones de pesos, contribuyendo al orden fiscal.

El análisis para identificar a los usuarios se realizó mediante herramientas de Sistemas de Información Geográfica (GIS) y bases de datos espaciales. Los afectados serán excluidos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y podrán apelar la decisión mediante un trámite de revisión individual, presentando una Declaración Jurada.

La medida ha generado reacciones mixtas. Mientras el gobierno la presenta como un paso hacia la justicia tarifaria y el fin de privilegios, críticos señalan que el impacto fiscal es insignificante y que podría haber "errores de exclusión" que afecten a usuarios que realmente necesitan el subsidio. Además, algunos analistas han señalado que esta política tiene similitudes con propuestas de segmentación de subsidios impulsadas por el kirchnerismo en el pasado, aunque nunca se implementaron completamente.

En un contexto de crisis económica y ajuste fiscal, la eliminación de subsidios energéticos se suma a una serie de medidas que han incrementado significativamente las tarifas en el AMBA, afectando principalmente a los sectores medios y bajos. Desde que asumió La Libertad Avanza, las tarifas de servicios públicos en la región han aumentado un 500%.

Aunque el ahorro fiscal estimado es modesto, la medida tiene un fuerte simbolismo político, alineándose con las promesas de campaña de Javier Milei de reducir el gasto público y eliminar privilegios. Sin embargo, su implementación plantea desafíos, incluyendo la posibilidad de reclamos legales y el impacto en la percepción pública del gobierno.