La negociación paritaria nacional docente volvió a fracasar luego de que los principales gremios rechazaran la última oferta salarial presentada por el Gobierno. La propuesta oficial, que contemplaba un salario mínimo de $650.000 en marzo y $700.000 en abril, fue considerada insuficiente por las organizaciones sindicales, que reclaman un piso salarial acorde a la canasta familiar, estimado en $1.300.000.

La reunión, realizada el 19 de marzo y coordinada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, contó con la participación de representantes de CTERA, UDA y otros sindicatos, tanto de manera presencial como virtual. Tras el rechazo unánime, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el 8 de abril, en un clima de creciente tensión.

Sergio Romero, titular de UDA y secretario de Políticas Educativas de la CGT, afirmó: “No vamos a aceptar ningún salario que esté por debajo de la línea de pobreza”. Por su parte, Sonia Alesso, presidenta de CTERA, sostuvo que la propuesta está “alejada de la realidad económica que atraviesan las y los trabajadores de la educación”. Los gremios también reclamaron la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y mayores recursos para infraestructura escolar.

En el ámbito provincial, el conflicto se intensificó en San Juan, donde el sindicato UDAP rechazó tanto la oferta salarial como las declaraciones del ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, a quien acusaron de atacar la dignidad de los trabajadores de la educación. El Gobierno provincial defendió su propuesta, que incluye sumas fijas y bonos, argumentando que prioriza a los sectores de menores ingresos y supera la inflación. Sin embargo, los gremios consideran que el esquema genera desigualdad y no resuelve el problema de fondo.

El conflicto docente se desarrolla en un contexto de fuerte deterioro salarial, ajuste educativo y eliminación de incentivos. El inicio del ciclo lectivo ya fue afectado por paros en 16 provincias y crece la posibilidad de nuevas medidas de fuerza si no se alcanza un acuerdo satisfactorio. Las negociaciones continuarán en abril, mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro de la educación pública y los derechos laborales del sector.