La reciente apertura de importaciones en Argentina, impulsada por el gobierno de Javier Milei, ha generado un profundo impacto en la industria textil y de bienes de consumo. Según un informe de la consultora PxQ, el volumen de importaciones en 2025 superó los máximos históricos, con un aumento del 25% en valor y subas superiores al 50% en bienes de consumo y capital. El sector textil, en particular, experimentó un crecimiento del 97% en importaciones de indumentaria y más del 120% en otros textiles, mientras que el canal courier, potenciado por plataformas como Shein y Temu, creció 274% interanual.

Este boom importador coincidió con una fuerte contracción de la producción local. La Fundación Pro Tejer y consultoras como Analytica y Equilibra reportan que la producción textil cayó hasta 47% respecto a 2023, y la utilización de la capacidad instalada se redujo a mínimos históricos, con solo el 29% de las máquinas en funcionamiento. En paralelo, se perdieron más de 18.000 empleos formales y cerraron 558 establecimientos en la cadena de valor textil, lo que representa una caída del 15% en el empleo registrado y una contracción del 9% en el entramado productivo.

En cuanto a los precios, la apertura importadora contribuyó a una desaceleración de la inflación en bienes transables. Productos como lavarropas, heladeras y calzado registraron caídas reales de precios de hasta el 54%. Sin embargo, la baja de precios no se tradujo en un aumento del consumo, ya que la demanda interna permanece deprimida por la caída de los ingresos reales y el empleo. El sector opera con márgenes negativos y enfrenta un aumento de la informalidad, que supera el 70% en confecciones.

Empresarios y analistas advierten que la reconstrucción del sector será compleja, ya que se pierden capacidades productivas y conocimiento difícil de recuperar. La discusión pública se intensificó tras declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre los precios de la ropa, pero los datos muestran que la crisis del sector responde a factores estructurales y macroeconómicos, más allá de la apertura comercial. El gobierno defiende la política como ancla antiinflacionaria, aunque los costos en términos de empleo y producción generan preocupación en el entramado industrial.