El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una institución clave para el desarrollo agropecuario en Argentina, enfrenta una posible reforma estructural y la venta de 100,000 hectáreas de sus terrenos, según planes del gobierno de Javier Milei. Este proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ha generado una fuerte controversia entre trabajadores, científicos y exfuncionarios del sector.

El INTA, que cuenta con un modelo de gobernanza descentralizado, podría ver reducido su Consejo Directivo de 10 a 7 miembros, eliminando la representación de universidades nacionales y grupos CREA. Esta medida, junto con el despido de 1,500 trabajadores y la subasta de tierras, forma parte de un plan de ajuste que busca optimizar recursos, según el gobierno. Sin embargo, críticos argumentan que estas acciones representan un "cientificidio" y un retroceso para el desarrollo agropecuario.

Ariel Pereda, director nacional del INTA, denunció que el gobierno busca intervenir el organismo para usarlo según sus intereses. "Lo que ha comentado el ministro de Desregulación son mentiras. Este gobierno viene a intervenir el INTA con la intención de usarlo a trochi mochi y a piacere", afirmó en una entrevista. Además, destacó que el presupuesto del INTA ha sido prorrogado desde 2023, perdiendo un 25% de sus recursos en un contexto de alta inflación.

La venta de tierras afectaría estaciones experimentales y proyectos de investigación en cultivos y agricultura familiar, esenciales para el desarrollo rural. Por ejemplo, en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez, se planea vender 895 de sus 1,028 hectáreas, mientras que en la Estación Forestal Manuel Belgrano, ubicada en Misiones, se subastarían 2,000 de sus 2,239 hectáreas.

Exministros y exsecretarios de Agricultura, como Felipe Solá y Julián Domínguez, han criticado el plan en un documento conjunto, calificándolo como un "despropósito" contra el desarrollo agropecuario nacional. "Sin un INTA que desarrolle el trabajo experimental no hay investigación, sin investigación al servicio de los productores no hay futuro con crecimiento posible para el agro argentino", expresaron.

El impacto de estas medidas también se siente en el ámbito ambiental y social. El INTA no solo estudia suelos y disponibilidad de agua para riego, sino que también apoya a la agricultura familiar, que representa el 62% de los establecimientos agropecuarios del país. Delegados gremiales y científicos advierten que el desfinanciamiento del INTA afectará a cientos de miles de familias y comprometerá décadas de investigación.

El debate sobre el futuro del INTA refleja las tensiones entre políticas de ajuste y la necesidad de preservar instituciones clave para el desarrollo nacional. Mientras el gobierno defiende la reforma como necesaria para optimizar recursos, trabajadores y expertos insisten en que estas medidas tendrán consecuencias negativas para el agro argentino y el sistema científico del país.