La Legislatura de Tierra del Fuego se encuentra en el centro de una intensa polémica tras la aprobación de un dictamen que busca modificar la ley provincial que prohíbe la salmonicultura en sus aguas. El proceso legislativo, realizado el pasado 8 de agosto en Río Grande, fue calificado de irregular por diversos actores, ya que el cuarto intermedio acordado en la sesión conjunta de las comisiones N°1 y N°3 fue levantado sin aviso ni presencia de la presidenta de la Comisión N°3, Laura Colazo, quien posteriormente presentó su renuncia en señal de protesta.

El dictamen, firmado por legisladores de distintos bloques, propone regular la acuicultura y permitir la salmonicultura fuera del canal Beagle, manteniendo la prohibición en ese ecosistema pero abriendo la puerta a la actividad en otros cursos de agua actualmente protegidos. Esta iniciativa ha generado el rechazo de organizaciones socioambientales, comunidades indígenas y científicos, quienes advierten sobre los riesgos ambientales y sociales que implica la introducción de una especie exótica y la intensificación de la producción acuícola.

El debate se da en un contexto de crisis en la industria electrónica local, tras la baja de aranceles nacionales que amenaza miles de empleos en la provincia. Ante este escenario, sectores productivos y el gobierno provincial han impulsado la salmonicultura como alternativa para diversificar la matriz económica y generar nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, especialistas y referentes sociales cuestionan la viabilidad de la propuesta, señalando que la experiencia internacional muestra un bajo impacto en la generación de empleo y graves consecuencias ambientales, como la contaminación de aguas, pérdida de biodiversidad y desplazamiento de actividades tradicionales.

"Este accionar vulnera los principios de transparencia, participación y respeto institucional que deben guiar el trabajo legislativo", expresó Laura Colazo en su renuncia, reafirmando su compromiso con la defensa de los bienes comunes y la protección ambiental de Tierra del Fuego. Por su parte, el legislador Pablo Villegas advirtió sobre la ilegalidad del procedimiento y adelantó que se evaluará impugnar la medida.

El proyecto podría ser tratado en la próxima sesión ordinaria, donde se definiría su aprobación por mayoría simple. Mientras tanto, el debate continúa, con posturas encontradas entre quienes ven en la salmonicultura una oportunidad económica y quienes alertan sobre sus impactos irreparables en el ecosistema fueguino y la salud pública. El desenlace de esta controversia será clave para el futuro productivo y ambiental de la provincia.