La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ha concedido una suspensión administrativa temporal a la orden que obligaba al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes, en el marco del litigio por la expropiación de la petrolera en 2012. Esta medida, dictada tras la presentación de los abogados argentinos, otorga al país un plazo adicional para presentar sus argumentos y evita, por el momento, el riesgo de ser declarado en desacato por incumplir la sentencia de la jueza Loretta Preska.

El fallo inicial, emitido en 2023, condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares más intereses a Burford Capital y Eton Park, quienes adquirieron derechos de litigio de antiguos accionistas de YPF. Hace dos semanas, Preska ordenó la transferencia de las acciones como parte de pago, generando preocupación por la posible pérdida de control estatal sobre la principal petrolera del país.

La suspensión administrativa, que estará vigente hasta que un panel de tres jueces analice la moción de suspensión solicitada por Argentina, permite una presentación ordenada de los escritos de ambas partes. Los demandantes tienen hasta el 17 de julio para presentar su oposición, mientras que Argentina podrá responder hasta el 22 de julio. Posteriormente, el tribunal decidirá si la suspensión se mantiene durante todo el proceso de apelación.

El Gobierno argentino sostiene que la orden de transferencia viola la ley local y la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), además de principios de cortesía internacional. También se ha mencionado el apoyo institucional del Departamento de Justicia de EE.UU. y el riesgo de establecer una jurisprudencia internacional que afecte la soberanía de los países.

En el ámbito político y financiero, la noticia fue recibida con alivio. El presidente Javier Milei y otros funcionarios destacaron la importancia de la medida para evitar un daño irreparable al patrimonio nacional. El mercado reaccionó positivamente, con subas en el ADR de YPF y los bonos soberanos. Por su parte, el gobernador de Chubut anunció acciones legales para defender los intereses provinciales en YPF, subrayando la relevancia del caso para las provincias petroleras.

El litigio por YPF se inscribe en una larga historia de disputas por la propiedad y el control de la empresa, marcada por la expropiación de acciones a Repsol y la posterior entrada de fondos internacionales en el conflicto. El desenlace del proceso judicial en Nueva York será clave para el futuro de la petrolera y la economía argentina, en un contexto de alta volatilidad financiera y tensiones políticas internas.