El gobierno de la provincia de Neuquén, liderado por Rolando Figueroa, continúa con su política de "tolerancia cero" hacia empleados estatales involucrados en conductas indebidas. Este martes, se oficializaron tres despidos significativos que incluyen a dos policías y un portero de escuela.

El caso más resonante es el de Nicolás Leopoldo López, un ex oficial de policía condenado por el homicidio de Diego Escobar. El hecho ocurrió el 9 de marzo de 2023 en un taller mecánico de la ciudad de Neuquén, donde López disparó a quemarropa con su arma reglamentaria, causando la muerte inmediata de Escobar. Aunque el acusado alegó que se trató de una broma que salió mal, un jurado popular lo declaró culpable, y ahora el gobierno provincial lo ha desvinculado formalmente de sus funciones.

Otro despido relevante es el de Juan Manuel Pintos, ex oficial principal de la Policía, procesado por "lesiones leves agravadas por el vínculo y contexto de género y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas". Pintos estuvo detenido en la Comisaría 35 de Rincón de los Sauces y su destitución fue solicitada por la Jefatura de Policía en mayo de 2024. La medida fue finalmente ejecutada por el Poder Ejecutivo.

El tercer caso involucra a Juan Manuel Parra, quien se desempeñaba como portero en la Escuela Primaria 274 de San Martín de los Andes. Parra fue objeto de un sumario administrativo debido a múltiples denuncias por inconductas, inasistencias y agresiones físicas hacia compañeros de trabajo y su pareja. Las denuncias llevaron a su separación del cargo y, tras una investigación, a su destitución definitiva.

Estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Figueroa por agilizar los sumarios administrativos, que anteriormente podían extenderse por años. "La tolerancia cero es una política que busca garantizar la integridad de las instituciones públicas y la confianza de la ciudadanía", señalaron fuentes oficiales.

La sociedad neuquina ha reaccionado mayoritariamente de manera positiva a estas decisiones, especialmente en los casos relacionados con violencia y corrupción en las fuerzas de seguridad. Sin embargo, algunos sectores han señalado la necesidad de implementar medidas preventivas para evitar que estas situaciones lleguen a extremos como el despido o la condena judicial. Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han destacado la importancia de sancionar la violencia de género dentro de las instituciones públicas, mientras que otros critican la falta de controles previos en el ámbito educativo.

Con estas acciones, el gobierno provincial busca enviar un mensaje claro sobre su compromiso con la transparencia y la justicia, aunque el desafío de prevenir estas situaciones sigue siendo una tarea pendiente.