La Legislatura de Jujuy aprobó este miércoles la designación de cuatro nuevos jueces para la Suprema Corte de Justicia provincial, en una sesión que estuvo marcada por la polémica y el debate sobre la transparencia del proceso. Los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, encabezado por el gobernador, fueron avalados por la mayoría oficialista, permitiendo así que Lisandro Aguiar, Eduardo Uriondo, Gonzalo De la Colina y Mercedes Arias ocupen los cargos vacantes en el máximo tribunal.

Las vacantes se originaron tras las renuncias de María Laura Bernal y Laura Lamas, así como los fallecimientos de José Manuel del Campo y Sergio Jenefes. Según lo establece la Constitución de la Provincia de Jujuy, el Ejecutivo propuso los nombres y la Legislatura definió su aprobación. En los próximos días, los nuevos jueces deberán prestar juramento para asumir formalmente sus funciones.

Sin embargo, el proceso fue objeto de fuertes críticas por parte de la oposición y organizaciones sociales. Diputados del Frente de Izquierda calificaron la designación como un "circo" y denunciaron que los nuevos jueces tienen vínculos políticos con los principales partidos de la provincia. "Esta decisión fue tomada por los dos sectores que cogobiernan la provincia, uno en lo formal y el otro en brindarle todo el apoyo político", expresó el diputado Gastón Remy. Por su parte, la diputada Natalia Morales sostuvo que "los que dicen ser democráticos y garantes de las instituciones, acuerdan entre ellos y se reparten cargos poniendo a funcionarios o familiares en la Justicia".

Desde el Movimiento Popular Jujeño, Cristina Guzmán también cuestionó el procedimiento, señalando que "es una falta de respeto a la ciudadanía y debilita la confianza pública". Guzmán remarcó la necesidad de asegurar la idoneidad e independencia de quienes integran el máximo tribunal.

El oficialismo, en cambio, defendió la legalidad del proceso y argumentó que la designación era imprescindible para el funcionamiento pleno de la Corte Suprema. El debate sobre la transparencia y la politización en la designación de jueces se da en un contexto de discusión más amplio sobre la reforma judicial en la provincia, incluyendo la reciente creación del Consejo de la Magistratura. Se espera que la controversia continúe, con demandas de mayor escrutinio y transparencia en futuras designaciones.