El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió este miércoles unificar y remitir a la Comisión de Acusación las denuncias contra el juez federal en lo Civil y Comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien enfrenta al menos nueve acusaciones por abuso sexual, acoso laboral y abuso de poder. La decisión, adoptada por nueve votos afirmativos y una abstención, implica que el magistrado podría ser suspendido y sometido a juicio político, en caso de que se confirmen las imputaciones.

La gravedad de los hechos denunciados fue determinante para que la Comisión de Disciplina, presidida por el abogado César Grau, optara por trasladar el caso a la instancia de Acusación. Entre los testimonios recogidos figuran los de víctimas directas, compañeros de trabajo y camaristas superiores, quienes describieron un ambiente laboral hostil y la imposición de códigos de vestimenta a las empleadas, a quienes se referían como “las azafatas de Maraniello”. Una de las denunciantes relató haber sido abordada sexualmente por el juez a menos de una semana de ingresar al juzgado, situación que se habría repetido con otras empleadas.

El senador Luis Juez, presidente de la Comisión de Acusación, subrayó que no existía en el Consejo un caso con semejante volumen de pruebas. Por su parte, el juez Alberto Lugones se abstuvo de votar, argumentando su desacuerdo con la unificación de denuncias como precedente institucional.

Maraniello había cobrado notoriedad pública meses atrás al dictar una medida cautelar que prohibía la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, lo que generó críticas por presunta censura previa a la prensa. Además, el magistrado es investigado por presuntos desvíos de fondos a la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, entidad que presidía.

La resolución del Consejo de la Magistratura marca un paso clave en el proceso de control y eventual remoción de jueces en Argentina, en un contexto de creciente demanda social por transparencia y rendición de cuentas en el Poder Judicial. El caso Maraniello es seguido de cerca por asociaciones judiciales, empleados y la opinión pública, a la espera de la decisión final que podría sentar un precedente relevante para el sistema judicial argentino.