El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y su nueva versión, el denominado “Súper RIGI”, han desatado un intenso debate en la Argentina. Impulsado por el gobierno de Javier Milei, el proyecto busca atraer inversiones superiores a los mil millones de dólares mediante un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y regulatorios excepcionales. Entre las principales ventajas se destacan una alícuota reducida del impuesto a las ganancias, exenciones de derechos de exportación e importación, y estabilidad normativa de hasta cuarenta años para proyectos estratégicos.

El Congreso otorgó media sanción al “Súper RIGI” sin que se presentaran estudios oficiales sobre su impacto fiscal, ambiental o social. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la pérdida de recaudación anual podría oscilar entre 1.307 y 2.362 millones de dólares, aunque el gobierno sostiene que las inversiones no existirían sin el régimen y, por tanto, no habría costo fiscal real. Sin embargo, especialistas advierten que la falta de evaluaciones previas y de transparencia en la información pública impide conocer los verdaderos efectos del programa.

El artículo 165 de la Ley Bases otorga un blindaje legal a las inversiones, situándolas por encima de regulaciones locales, provinciales y ambientales. Esto ha generado preocupación entre juristas, economistas y organizaciones de la sociedad civil, quienes alertan sobre la posible pérdida de control estatal y la afectación de derechos laborales, ambientales y humanos. Además, el régimen permite a las empresas recurrir a arbitrajes internacionales, desplazando la jurisdicción nacional en caso de conflictos.

El proyecto también flexibiliza la obligación de utilizar proveedores locales, permitiendo la importación de insumos si se demuestra mayor competitividad extranjera. Críticos sostienen que esto podría limitar el desarrollo productivo nacional y la generación de empleo. El debate se produce en un contexto de polarización política y aceleración tecnológica, con la llegada de grandes corporaciones tecnológicas interesadas en instalar infraestructura estratégica en el país.

Mientras el oficialismo defiende el “Súper RIGI” como una herramienta clave para el desarrollo y la atracción de inversiones, opositores y expertos reclaman mayor transparencia, estudios de impacto y mecanismos de control. El futuro del régimen dependerá del tratamiento en el Senado y de la capacidad del Estado para equilibrar la promoción de inversiones con la protección de los intereses nacionales y colectivos.