El gobierno argentino ha puesto en marcha un proceso de reprivatización de las represas hidroeléctricas del Comahue, ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro. Estas represas, que incluyen Piedra del Águila, El Chocón, Arroyito, Alicurá y Planicie Banderita, representan el 13% de la capacidad de generación eléctrica del país.

El modelo de negocio diseñado por el gobierno establece que, durante los primeros dos años de las nuevas concesiones, el 95% de la energía generada será vendida a precios regulados, entre 15 y 20 dólares por megavatio-hora (MWh), muy por debajo del costo real de generación, que ronda los 68 dólares. Este esquema busca evitar un aumento en las tarifas residenciales o en los subsidios estatales, aunque limita los ingresos iniciales que el Estado podría obtener por la privatización.

El proceso de licitación, que se extenderá por 30 años, ha generado críticas por parte de las [provincias de Neuquén y Río Negro](/entities/entity_1744871757177_450), que han solicitado mayor tiempo para analizar los pliegos y una participación accionaria en las nuevas sociedades. Legisladores nacionales también han propuesto que el 50% del paquete accionario quede en manos de las provincias y que las concesiones tengan un plazo máximo de 10 años.

El gobierno, por su parte, defiende el modelo como una forma de atraer inversiones privadas y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. Se espera que el Tesoro recaude entre 400 y 700 millones de dólares por la privatización, aunque el monto final dependerá de las condiciones del mercado y del interés de los oferentes.

Las concesiones actuales, otorgadas en los años 90, ya han vencido, y las represas están siendo operadas de manera transitoria. Las nuevas concesiones permitirán a las empresas adjudicatarias comercializar un porcentaje creciente de energía en el mercado libre con el tiempo, lo que podría hacer que el negocio sea más atractivo a largo plazo.

La región del Comahue es clave para la generación hidroeléctrica en Argentina, representando el 16.5% de la matriz energética nacional. Sin embargo, la generación hidroeléctrica total ha caído un 25% en el último año, según datos de CAMMESA, lo que añade un desafío adicional al proceso de privatización.

El desenlace de este proceso tendrá un impacto significativo en el sector energético argentino, y será un test para evaluar la confianza de los inversores en el nuevo rumbo económico del país.