La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó esta semana una nueva ley que habilita la cría de salmones y truchas en la provincia, derogando la prohibición que regía desde 2021. La medida, impulsada por el senador Agustín Coto y respaldada por el gobernador Gustavo Melella, busca diversificar la matriz productiva local, atraer inversiones y generar empleo, en un contexto de caída de ingresos por la reducción de aranceles a productos electrónicos.

La nueva normativa establece un marco de "acuicultura sustentable" que incluye evaluaciones ambientales y control estatal, aunque mantiene la prohibición de la actividad en el Canal Beagle, la Laguna Esmeralda y el Lago Fagnano, considerados de alto valor ambiental y turístico. El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Diego Marzioni, defendió la ley afirmando: "Es una oportunidad de desarrollo sostenible y trazable. El objetivo claro es ampliar nuestra economía de manera ordenada".

Sin embargo, la aprobación generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas, científicos y representantes de pueblos originarios, quienes advierten sobre los riesgos ecológicos de la salmonicultura y la falta de controles efectivos. Greenpeace calificó la medida como "un nuevo retroceso ambiental en la Argentina" y anticipó acciones legales. El biólogo Gustavo Lovric, del Conicet, alertó sobre la introducción de especies exóticas y la presión sobre la biodiversidad local, mientras que otros expertos recordaron los impactos negativos de la industria en Chile.

La votación en la Legislatura fue ajustada, con 8 votos a favor y 7 en contra, reflejando la división política y social en torno al tema. Legisladores opositores y ONG denuncian irregularidades en el proceso y cuestionan la constitucionalidad de la reforma. Por su parte, el sector empresarial y pesquero destaca el potencial de la acuicultura para crear empleos y abastecer el mercado interno, que actualmente depende de importaciones desde Chile.

El debate sobre la implementación y el control efectivo de la nueva ley continúa abierto, con la posibilidad de judicializaciones y la demanda de mecanismos de monitoreo social. El futuro de la salmonicultura en Tierra del Fuego dependerá de la reglamentación y la capacidad estatal para garantizar la protección ambiental, en un contexto de presión económica y expectativas de desarrollo.