La obra social del Sindicato de Camioneros, conducida por Hugo Moyano, enfrenta una de las crisis más profundas de su historia, con consecuencias directas para sus 190.000 afiliados en todo el país. En las últimas semanas, la entidad suspendió los descuentos en medicamentos, incluso para tratamientos crónicos, debido a una deuda acumulada con farmacias y prestadores que supera los $32.400 millones, según informes oficiales. Esta situación se suma a la cancelación del tradicional viaje de invierno “Camioneritos” a Córdoba, un beneficio histórico para los hijos de los afiliados que se realizaba desde hace más de 35 años.

La suspensión de estos beneficios generó un fuerte malestar entre los trabajadores, quienes manifestaron su descontento en redes sociales y a través de reclamos internos. “Ya no tenés ningún beneficio”, expresó un afiliado, reflejando el sentimiento generalizado de pérdida de derechos y prestaciones. Además, la reapertura de hoteles sindicales con tarifas consideradas inaccesibles por los afiliados profundizó el descontento.

El deterioro financiero de la obra social no es nuevo. Desde hace al menos cuatro años, la entidad arrastra un déficit creciente, agravado por la caída en la cantidad de aportantes y el aumento de los costos en salud. Empresas vinculadas a la familia Moyano, como IARAI S.A., gerencian la obra social y han sido señaladas por presuntas irregularidades en el manejo de fondos. Legisladores como Graciela Ocaña han solicitado la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud y la Inspección General de Justicia para investigar el destino de los recursos y la administración de la entidad.

En respuesta a la crisis, Moyano y su entorno evalúan la venta de activos, como el Sanatorio Antártida y un predio en Escobar, en busca de liquidez urgente. Sin embargo, desde el sindicato relativizan la gravedad de la situación y atribuyen las críticas a “mentiras y estupideces” de la prensa. La CGT, por su parte, advirtió sobre el riesgo de colapso de varias obras sociales debido al aumento de los costos y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

El futuro de la obra social de Camioneros permanece incierto, mientras crecen los reclamos de los afiliados y se intensifican las investigaciones sobre el manejo de los fondos. La crisis pone en jaque la continuidad de beneficios históricos y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema de salud sindical en el actual contexto económico.