La Justicia de San Isidro rechazó el pedido de detención de la exjueza Julieta Makintach, solicitado por los abogados de Dalma y Gianinna Maradona en el marco de la causa penal que investiga su accionar durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La resolución, firmada por el juez Esteban Rossignoli, también impuso a Makintach la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con los testigos del proceso, incluyendo comunicaciones electrónicas y redes sociales, salvo autorización judicial.

El pedido de detención había sido presentado por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, quienes representan a las hijas del exfutbolista. Argumentaron que la conducta de Makintach representaba "riesgos procesales extremos" y que existían indicios de intimidación y manipulación de pruebas. Sin embargo, el juez Rossignoli fundamentó su decisión en que, según el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, solo la fiscalía puede solicitar la detención de un imputado, no los particulares damnificados.

Makintach, recientemente destituida de su cargo por haber filmado un documental clandestino sobre el caso Maradona, enfrenta acusaciones de cohecho, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y otros delitos. En la causa se documentaron episodios de presunta intimidación a testigos y periodistas, lo que motivó la imposición de la prohibición de contacto.

La defensa de Makintach había solicitado la nulidad del proceso y la recusación de los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo, alegando falta de objetividad y ocultamiento de pruebas. Ambos pedidos fueron rechazados por el tribunal, que consideró que no existían motivos suficientes para apartar a los fiscales ni para anular el expediente.

El abogado Rodolfo Baqué, también denunciante en la causa, respaldó la decisión judicial y destacó la labor de los fiscales. Por su parte, los representantes de Dalma y Gianinna Maradona anunciaron que insistirán ante la fiscalía para que se solicite la detención de Makintach, al considerar que las medidas adoptadas son insuficientes para garantizar la integridad del proceso.

El caso continúa generando repercusión mediática y debate sobre la ética judicial y el alcance de las medidas cautelares en investigaciones de alto perfil. La investigación penal sobre la conducta de Makintach sigue su curso, mientras la exjueza permanece bajo estrictas restricciones de contacto con los testigos.