La Justicia argentina avanza en la ejecución de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y otros ocho implicados en la causa Vialidad, el mayor caso de corrupción en la historia reciente del país. El Tribunal Oral Federal 2, junto al Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema, trabaja en la actualización del monto a devolver al Estado, que asciende a más de $86.000 millones, equivalentes a unos 600 millones de dólares, según estimaciones judiciales.

La condena, dictada en 2022 y confirmada en instancias superiores, establece que los implicados, encabezados por la ex presidenta, deberán depositar la suma fijada en un plazo de diez días hábiles. De no hacerlo, la Justicia procederá a la ejecución de los bienes embargados, que incluyen propiedades, cuentas bancarias y participaciones en empresas familiares. Entre los bienes detallados se encuentran 26 propiedades en Buenos Aires y Santa Cruz, varias cuentas en pesos y dólares, y acciones en sociedades como Los Sauces SA y Hotesur SA.

El fiscal general Diego Luciani subrayó la gravedad del daño social y económico causado por la corrupción en la obra pública, señalando que "la efectiva ejecución del decomiso adquiere una particular relevancia habida cuenta de los comprobados hechos de corrupción con la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz, que provocaron un daño social inconmensurable y sin precedentes".

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, inhabilitada para ejercer cargos públicos, mientras enfrenta otros procesos judiciales por presunto lavado de dinero y encubrimiento. El caso Vialidad, originado en denuncias de 2008 y reactivado en 2016, expuso un esquema de contratos direccionados y sobrecostos en la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas.

El fallo ha generado reacciones encontradas: mientras sectores del peronismo denuncian una supuesta proscripción política, encuestas recientes muestran un apoyo social limitado a la ex presidenta. La Justicia, por su parte, enfatiza la necesidad de resarcir al Estado y sentar un precedente en la lucha contra la corrupción. El proceso de ejecución de la condena y el decomiso de bienes marca un hito en la historia judicial argentina y podría tener implicancias de largo alcance para la política nacional.