El Gobierno nacional anunció la eliminación, por decreto, del asueto correspondiente al Día del Empleado Público, que tradicionalmente se celebraba el 27 de junio. La medida, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, afecta a decenas de miles de empleados de la administración pública nacional y generó un inmediato rechazo por parte de los sindicatos estatales, especialmente la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Según explicó Adorni, la decisión responde a la visión del Ejecutivo de que el Estado no debe otorgar privilegios que el sector privado no tiene, y que la jornada no laborable representaba un gasto prescindible para el Estado. "El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece", afirmó el vocero, quien también subrayó que ese día es pagado con el sueldo de los contribuyentes.

La reacción sindical no se hizo esperar. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, calificó la medida como "un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático" y cuestionó la legalidad del decreto, recordando que la Ley 26.876, sancionada en 2013, establece el 27 de junio como día no laborable para la administración nacional. "Sólo el Congreso puede derogar una Ley que el mismo sancionó", sostuvo Aguiar.

El impacto de la medida se extiende a todas las dependencias de la administración pública nacional, que deberán funcionar con normalidad el 27 de junio. La decisión también afecta a delegaciones en todo el país, aunque en algunas provincias, como Buenos Aires, se aguarda la publicación del decreto para definir su aplicación local.

El anuncio se inscribe en una serie de medidas del gobierno orientadas a reducir gastos y privilegios en el sector público, en línea con una concepción más austera del Estado. El debate sobre el tamaño y el rol del Estado, así como sobre los derechos laborales de los empleados públicos, vuelve así al centro de la agenda política argentina.

Mientras tanto, el oficialismo defiende la eliminación del asueto como una acción necesaria para priorizar la prestación de servicios y evitar parálisis administrativas, mientras que los sindicatos advierten sobre un avance sobre derechos adquiridos y la posible inconstitucionalidad de la medida. El tema continúa generando repercusiones y posturas encontradas en el ámbito político y social.