El sistema universitario argentino atraviesa una de sus mayores crisis en los últimos años, tras el anuncio de un paro nacional de docentes y no docentes que comenzará el 16 de marzo y podría extenderse hasta 22 días, poniendo en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026. La medida, impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, responde al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y a la falta de recomposición salarial, que según los gremios ha provocado una pérdida del 50% del poder adquisitivo desde 2023.

La protesta, que involucra a sindicatos docentes y no docentes de todo el país, fue confirmada por la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN), la CONADU, la CONADU Histórica, la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Federación del Trabajador de la Universidad Nacional (FATUN), CTERA, la Federación Universitaria (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT). "Sin Ley de Financiamiento no hay Universidad Pública", advirtieron en un comunicado conjunto.

El conflicto se intensificó luego de que el Poder Ejecutivo suspendiera la aplicación de la Ley 27.795 mediante el Decreto 795/2025, argumentando que la norma no establecía partidas presupuestarias suficientes. En respuesta, el Gobierno propuso un esquema de aumentos escalonados del 4,1% desde marzo de 2026 y la modificación del sistema de paritarias, lo que fue rechazado por los gremios, que exigen una recomposición salarial del 51% y la reapertura de negociaciones.

La situación se agrava por la coincidencia del paro con feriados nacionales, lo que podría llevar a una interrupción de hasta 22 días de clases. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) declaró la emergencia salarial y judicializó el reclamo, mientras que autoridades y docentes de otras universidades, como la UNLP y la UNLPam, advierten sobre el deterioro de las condiciones laborales y la precarización del trabajo universitario.

Estudiantes y docentes expresan preocupación por el impacto en el calendario académico, la calidad educativa y la continuidad de la universidad pública. "Estamos ante un momento bisagra e histórico de un plan de ataque a la universidad pública", afirmó Sofía Cáceres Sforza, secretaria general de Sitradu. Por su parte, el Gobierno sostiene que la situación requiere un esfuerzo de todos los sectores y defiende su propuesta de aumentos escalonados.

El desenlace del conflicto dependerá de la respuesta del Ejecutivo a los reclamos gremiales. Mientras tanto, la incertidumbre domina el inicio del ciclo lectivo y el futuro de la educación superior en Argentina.