El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) enfrenta un escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios y figuras políticas del partido La Libertad Avanza (LLA). Las denuncias, presentadas por exfuncionarios como Viviana Aguirre, apuntan a desvíos de fondos, extorsión a empleados y condiciones deplorables en geriátricos.

Aguirre, exfuncionaria del PAMI en La Plata y diputada suplente por LLA, afirmó que fue presionada para entregar hasta $1.000.000 mensuales de su sueldo y firmar documentos ilegales. Según su testimonio, estas prácticas eran dirigidas por Sebastián Pareja, cercano a Karina Milei, quien también habría influido en la designación de cargos clave a militantes sin experiencia. "Cuando le mostré la corrupción al presidente Javier Milei, me clavó el visto, y Karina Milei me bloqueó", declaró Aguirre.

Las irregularidades incluyen compras con sobreprecios de hasta 700%, el uso de Telegram con mensajes autodestructivos para evitar pruebas y la presión a empleados en provincias como Chaco, Misiones y Santa Cruz para entregar hasta el 25% de sus salarios. Además, se reportaron muertes y condiciones inadecuadas en geriátricos bajo supervisión del PAMI.

En respuesta, el PAMI anunció una auditoría para investigar las denuncias, mientras que el fiscal federal Patricio Sabadini inició una investigación en Chaco. Sin embargo, Aguirre y otros denunciantes afirman que la justicia no ha avanzado en el caso. "Nos dijeron que manejan los medios y la justicia", señaló Aguirre.

El PAMI, con un presupuesto de más de 4 billones de pesos, es una institución clave en la atención médica de jubilados en Argentina. Este escándalo pone en jaque las promesas de cambio de LLA, que había criticado duramente la corrupción en gobiernos anteriores. La oposición y sectores de la sociedad civil han exigido transparencia y sanciones para los responsables.

El caso sigue en desarrollo, con implicaciones políticas y sociales significativas para el gobierno de Javier Milei.