La Justicia provincial de Córdoba imputó a Sergio Darío Badino, presidente y representante legal de la escuela Dante Alighieri, por el presunto delito de administración fraudulenta, en el marco de una investigación que involucra también al tesorero Marcelo Figueroa y al secretario legal Horacio Lanzaco como partícipes necesarios. La causa, que se tramita en el fuero de Delitos Complejos bajo la fiscal subrogante Daniela Maluf, se originó tras denuncias de padres de alumnos por aumentos "sin justificación" de las cuotas mensuales desde 2018.

El conflicto entre la comunidad educativa y la conducción de la institución, ubicada en barrio Iponá, comenzó a fines de 2022, cuando los padres manifestaron su descontento por incrementos arancelarios superiores a los índices inflacionarios. En 2023, 240 padres firmaron una nota y realizaron un abrazo solidario en protesta, presentando sus reclamos ante la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (Dgipe). Este organismo determinó que los aumentos aplicados desde 2018 carecían de autorización y eran indebidamente percibidos, apercibiendo al representante legal por incumplimientos a la ley provincial 5.326.

La situación se agravó cuando la escuela anunció que no matricularía en 2024 a ocho alumnos cuyas familias habían presentado denuncias y quejas. La intervención de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes permitió revertir la decisión y garantizar la matrícula de los estudiantes.

Paralelamente, Badino fue imputado por "lesiones leves" tras un episodio ocurrido en junio de 2023 durante una actividad solidaria, en el que padres denunciaron que el directivo habría agredido físicamente a un alumno. La institución negó los hechos, calificando las acusaciones como "interpretaciones equivocadas". La causa fue remitida a mediación para intentar una resolución consensuada.

La fiscal Maluf también dispuso investigar la actuación de la Dgipe, girando parte del expediente al fuero Penal Económico y Anticorrupción. El caso pone en debate la transparencia en la gestión de instituciones educativas privadas y el control estatal sobre sus prácticas administrativas y disciplinarias. Se espera que las investigaciones judiciales arrojen mayor claridad sobre los hechos y sus responsables.