La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó el bloqueo total de Polymarket, la plataforma de mercados de predicción más grande del mundo, en todo el territorio argentino. La decisión, inédita en América Latina, fue impulsada por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, tras detectar que la plataforma operaba como un sistema de apuestas online sin autorización oficial.

El fallo, dictado por la jueza Susana Parada, instruyó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a coordinar el bloqueo a través de los proveedores de internet y ordenó a Google y Apple eliminar las aplicaciones móviles de Polymarket en sus sistemas operativos para usuarios argentinos, incluso aquellos con cuentas activas. La investigación reveló que la plataforma permitía apostar dinero real mediante criptomonedas y tarjetas de crédito, sin exigir verificación de identidad ni de edad, lo que facilitaba el acceso de menores de edad.

La causa se originó a partir de denuncias presentadas por la Lotería de la Ciudad y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos, que alertaron sobre la operatoria irregular y la ausencia de controles básicos. La Asociación de Loterías Estatales de Argentina confirmó que Polymarket no contaba con habilitación en ninguna jurisdicción del país, un dato clave para acreditar la ilegalidad de la operatoria.

El caso cobró notoriedad luego de que la plataforma anticipara el dato de inflación de febrero minutos antes de la publicación oficial, lo que generó sospechas sobre el uso de información privilegiada. Además, la expansión de los mercados de predicción, que permiten apostar sobre resultados de elecciones, eventos deportivos o conflictos internacionales, ha generado preocupación en organismos reguladores de varios países.

La medida argentina marca un precedente en la región y podría impactar en la regulación de otras plataformas similares. Mientras tanto, el debate continúa sobre los límites entre la predicción estadística y el juego ilegal, así como sobre la necesidad de proteger a los usuarios, especialmente a los menores, en el entorno digital.