El Gobierno argentino ha dado inicio al proceso de privatización total de Energía Argentina S.A. (Enarsa), una empresa estatal clave en el sector energético. La medida fue oficializada mediante el Decreto 286/2025, publicado en el Boletín Oficial, y representa un paso significativo en la estrategia del Ejecutivo para reducir la participación estatal en sectores estratégicos.

El proceso comenzará con la venta del 50% de las acciones de Citelec S.A., la sociedad que controla Transener, la principal operadora de transmisión eléctrica en alta tensión del país. Según el decreto, esta operación se llevará a cabo mediante un concurso público de alcance nacional e internacional, sin otorgar preferencias a accionistas actuales ni empleados de la empresa. El objetivo es garantizar la continuidad de los servicios y la ejecución de las obras en curso, mientras se promueve la incorporación de inversores privados.

Enarsa, creada en 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner, ha sido un actor importante en el sector energético, con participación en activos como centrales térmicas, gasoductos y represas hidroeléctricas. Sin embargo, la empresa ha enfrentado críticas por su ineficiencia. En 2023, recibió más de 1,2 billones de pesos en transferencias estatales, lo que, según el Gobierno, evidencia la necesidad de un cambio en su modelo de gestión.

El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será responsable de liderar el proceso de privatización. La estrategia incluye una venta escalonada de los activos de Enarsa, comenzando por Citelec, cuyo valor se estima en aproximadamente 200 millones de dólares. Además, el Gobierno ha subrayado que el proceso cumplirá con las leyes vigentes, incluyendo restricciones para evitar la integración vertical en el sector energético.

La privatización de Enarsa se enmarca en un plan más amplio de desinversión estatal, alineado con compromisos asumidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Según el Ejecutivo, esta medida busca no solo mejorar la eficiencia y competitividad de la empresa, sino también reducir la carga fiscal y fomentar la inversión privada en el sector.

Mientras el Gobierno defiende la medida como un paso necesario para modernizar el sector energético, críticos han expresado preocupaciones sobre la pérdida de control estatal en un área estratégica. Sin embargo, el mercado parece optimista, especialmente ante la próxima Revisión Quinquenal de Tarifas, que podría hacer más atractiva la inversión en Transener y otros activos de Enarsa.

El proceso de privatización de Enarsa representa un cambio significativo en la política energética de Argentina, con implicaciones que se extenderán más allá del sector energético, afectando tanto la economía como el panorama político del país.