El reciente anuncio del cierre de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) por parte del Gobierno nacional ha provocado una ola de reclamos y protestas en todo el país, especialmente en la ciudad de Tandil. La SISU, creada para implementar la Ley 27.453 y urbanizar barrios populares, enfrenta un proceso de desmantelamiento que afecta directamente a miles de familias en situación de vulnerabilidad.

Según organizaciones sociales y gremiales, la medida implica la paralización de más de 700 obras de infraestructura en barrios populares y la suspensión del programa Mi Pieza, que permitía mejoras habitacionales en viviendas precarias. En Tandil, once barrios y más de dos mil familias quedan sin acceso a servicios básicos como agua potable, cloacas y electricidad segura. Además, la decisión gubernamental pone en riesgo la continuidad laboral de 300 empleados de la SISU y amenaza 25.000 puestos de trabajo en cooperativas de todo el país.

El impacto social de la medida ha sido destacado por la Iglesia Católica y diversas organizaciones comunitarias. Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, advirtió: "Estamos hablando de cosas básicas, de que queremos atender la pobreza. Si no tenés agua potable, un centro de salud cerca o cloacas, es muy difícil vivir". Carrara también alertó sobre el riesgo de que el retiro del Estado facilite el avance del narcotráfico en los barrios más vulnerables.

El ajuste comenzó con la disolución del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), cuyos fondos estaban destinados a obras en barrios populares y eran auditados por universidades y organismos internacionales. Aunque el gobierno justificó el cierre por presuntas irregularidades, investigaciones judiciales no hallaron pruebas de corrupción.

La Justicia Federal intervino dictando medidas cautelares para garantizar la continuidad de la política pública, pero los recortes continúan. En respuesta, movimientos sociales, cooperativas y gremios realizaron protestas en Tandil y en la Plaza de Mayo, exigiendo la reactivación de las obras y la preservación de los derechos adquiridos.

La Ley 27.453, ratificada en 2022 y vigente hasta 2032, reconoce más de 6.400 barrios populares en Argentina. El 80% de estos barrios recibió inversión pública en los últimos años, con más de 1.200 proyectos de integración y 250.000 mejoras habitacionales. El cierre de la SISU se enmarca en un ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei, generando preocupación por el futuro de millones de personas que dependen de estas políticas públicas.