Un megaoperativo judicial y municipal en Mar del Plata resultó en la demolición total de la Feria de la Bristol, un tradicional paseo comercial que funcionó durante más de 25 años en la Rambla. La acción fue impulsada tras una investigación que reveló la existencia de una presunta organización dedicada a la recaudación millonaria en negro, la comercialización de productos falsificados y la evasión tributaria.

El operativo, encabezado por la Prefectura Naval Argentina y el municipio de General Pueyrredon, incluyó allanamientos simultáneos en seis puntos de la ciudad, la incautación de más de 8.000 productos por un valor superior a 500 millones de pesos, y la identificación de 91 personas, entre ellas miembros del Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA). Según la investigación, SIVARA gestionaba la feria y recaudaba sumas millonarias a cambio de permisos informales para operar los puestos, con cobros mensuales que llegaban hasta los tres millones de pesos por puesto en temporada alta.

El juez federal Santiago Inchausti, a cargo de la causa, autorizó el allanamiento y la intervención municipal, señalando que la feria operaba en un espacio público con permisos vencidos y sin control fiscal. Además, se detectaron deficiencias críticas en materia de seguridad e higiene, lo que motivó la demolición de los más de 165 puestos instalados entre la vereda y la arena.

El sindicato SIVARA rechazó la demolición, argumentando que la medida fue ilegal y que solo existía orden judicial para el allanamiento, no para el desalojo. En un comunicado, el gremio denunció una "campaña de publicidad política" por parte del municipio y anunció acciones legales. Por su parte, el municipio defendió la intervención, subrayando la gravedad de los hechos y la necesidad de recuperar el espacio público.

La feria, que funcionaba desde 1999 bajo permisos precarios, era conocida por la venta de productos de baja calidad y sin regulación, muchos de ellos adquiridos en La Salada o ingresados irregularmente desde Paraguay. La investigación continúa para determinar responsabilidades penales y el destino de los bienes incautados, mientras el municipio evalúa el futuro del predio recuperado.