El hallazgo de Vanesa Guadalupe García, de 41 años, asesinada en su vivienda del barrio San Calixto, en la ciudad de Salta, conmocionó a la comunidad local y reavivó el debate sobre la violencia de género en la provincia. La mujer fue encontrada sin vida con signos de asfixia, mientras que su pareja, Aníbal Palacios, de 51 años, apareció ahorcado a pocos metros dentro del mismo domicilio. La principal hipótesis de la investigación, dirigida por la fiscal María Luján Sodero Calvet, es la de un presunto femicidio seguido de suicidio.

El trágico episodio ocurrió el lunes 16 de marzo, cerca de las 13:45, cuando los hijos menores de la víctima regresaron del colegio y descubrieron la escena. "Mi mamá está muerta… Beto la mató", gritó uno de los niños, según relataron testigos y vecinos que acudieron rápidamente para asistirlos. La policía y personal médico llegaron poco después, pero ambos adultos ya habían fallecido. La vivienda fue resguardada para las pericias y los cuerpos trasladados al Servicio de Tanatología Forense para la realización de autopsias.

La fiscalía informó a los familiares sobre el avance de la investigación y los derechos de los hijos de la víctima, quienes podrían acceder a la reparación económica prevista por la Ley Brisa. Según la policía, no existían denuncias previas por violencia de género entre la pareja, ni antecedentes en los registros judiciales o de la Oficina de Violencia Familiar.

El caso se suma a una preocupante estadística: en lo que va de 2026, ya se registran tres femicidios en Salta, mientras que en 2025 hubo seis y 21 muertes dudosas de mujeres aún bajo investigación. Referentes feministas y organizaciones sociales expresaron su preocupación por la falta de respuestas del sistema judicial y el retroceso en las políticas públicas de prevención. "Muchas mujeres ya no denuncian porque la Justicia no hace nada", advirtió Carmen Chuchuy Juárez, del Observatorio Popular Feminista Ñawi.

En redes sociales, el hijo mayor de la víctima despidió a su madre con un mensaje conmovedor, prometiendo cuidar a sus hermanos. El hecho dejó en evidencia la vulnerabilidad de los hijos de víctimas de femicidio y la necesidad de fortalecer la protección y asistencia a las familias afectadas. La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios, mientras la sociedad salteña exige respuestas y acciones concretas para frenar la violencia de género.